Más deuda y asignación cuestionable del gasto público

El paquete fiscal para 2026 presentado por el Ejecutivo al Congreso es mayoritariamente inercial respecto a los últimos años: con un déficit fiscal de 4.1% del PIB, el más alto de los últimos 35 años, excepto por este año; nueva deuda cuantiosa, 1.4 billones de pesos (BP), con lo que será 92% mayor respecto a la de 2018, contrario a la presunción de la 4T de no endeudamiento.

Las proyecciones oficiales indican que de 2018 hasta 2025 el gasto público habrá crecido 2.4 puntos porcentuales del PIB y los ingresos fiscales en 0.7, lo que parece no preocupar al gobierno, ya que añade otro 0.6 al gasto en 2026 y planea 1.3 de mayores ingresos.

La trayectoria de las finanzas públicas está lejos de ser de moderación, o consolidación en la jerga fiscal, y el erario incurre en más riesgo. Lo contrario a una ruta responsable.

La Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) prevé recursos del erario en 2026 de 22.5% del PIB y 6.3% mayores a los de 2025. Eso podría ser una sobreestimación porque: 1) parte de un crecimiento del PIB optimista, 2.3%, que podría ser menor (como en 2025: se proyectó un rango de 2 a 3% y ahora se ajustó a 0.5-1.5%); y 2) se confía en que diversas medidas como impuestos saludables, otras administrativas y los nuevos aranceles de importación generarán alrededor de 0.6% del PIB de ingresos adicionales.

La ley de ingresos es una estimación, por lo que los recursos aprobados del erario son inciertos. En cambio, el gasto se legisla con el decreto de presupuesto y es difícil de reducir en caso de requerirse para mantener el balance fiscal, por lo que el riesgo es que el déficit sea mayor al programado. Esto sucede a menudo, como en este año: se programó un déficit de 3.9% del PIB y cambió a 4.3 por ciento.

El crecimiento del gasto público propuesto para 2026 es significativo, 5.9% mayor al de 2025 y 26.1% del PIB, lo que agrava el riesgo fiscal. Y su asignación no es la mejor para el crecimiento de largo plazo y la productividad, lo que debería ocupar a una autoridad responsable. La mayoría se destina a los programas de transferencias de dinero, superando a las asignaciones para Salud, Educación y Seguridad Pública. Los usos más relevantes para el progreso y la productividad.

El gasto en la función protección social del proyecto de presupuesto aloja la mayoría de los programas sociales de transferencias a la población sin mayores condiciones y es mayor al asignado al total de las de Educación, Salud y Seguridad Pública (2.4 BP vs 2.1 BP). Pero si se le suman tres programas de becas de la SEP que funcionan como las transferencias de Bienestar —R. Cetina, E. Acuña y Jóvenes Escribiendo el Futuro— la función que comprende los programas sociales de transferencias alcanza 2.5 BP y crecería 5.8% en 2026 respecto a 2025, mientras que la suma de educación, salud y seguridad pública, 2.3 BP, crecería 3.9%.

Por otra parte, se propone una erogación en inversión física significativamente mayor a la de 2025, 10% real, pero aun así dejaría a la inversión pública todavía 14% por debajo de lo que fue en 2024 o en 2022. Más del 60% de las inversiones prioritarias (exceptuando las de Pemex y CFE) se destina a trenes de pasajeros (nuevos, el de Toluca y el Maya), casi el 60%, y solo un poco más de 12% a carreteras que están claramente en pésimas condiciones. ¿No sería mejor primero reparar la movilidad existente y evaluar la mejor opción para ampliarla?