Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones propone alternativas a ATDT para ampliar la cobertura rural
La Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+) propuso a la Agencia de Transformación Digital (ATDT) y al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), la valoración de una serie de alternativas de políticas de conectividad que a su consideración pudieran ser funcionales para el gobierno mexicano en cuanto ampliación de la cobertura de Internet en zonas rurales y de difícil acceso.
La ALT+ es una entidad integrada por asociaciones, cooperativas y operadores independientes, que se dedica a promover la conectividad y el acceso equitativo a servicios digitales en América Latina. La ALT+ también impulsa políticas públicas tecnológicamente neutrales, fomenta la innovación y aboga por una regulación basada en la evidencia técnica y jurídica.
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Es de esta manera que el organismo propuso al gobierno mexicano dichas propuestas que son acompañadas por operadores comunitarios, pequeños Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y también por Operadores Móviles Virtuales (OMV).
Las iniciativas buscan contribuir directamente al cumplimiento de los objetivos del Programa de Cobertura Social (PCS) mexicano, consolidando así una política pública que impulse la equidad digital, el acceso universal a las telecomunicaciones y el rol activo de actores locales en el desarrollo de infraestructura y servicios.
Desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales
La ALT+ sugirió impulsar de manera prioritaria la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) para telecomunicaciones, concebida ésta como una plataforma tecnológica nacional que concentre, organice y actualice la información geográfica y estadística sobre cobertura e infraestructura.
Esta herramienta permitiría identificar con precisión las localidades sin servicio, priorizar intervenciones en comunidades rurales, indígenas y marginadas, y orientar con mayor eficacia los recursos destinados a programas como el de cobertura social y la Agenda Digital Nacional (ADN).
También recomendó establecer un modelo de gobernanza claro y con acceso regulado, que garantice la seguridad de la información crítica y que, al mismo tiempo, facilite la participación de actores estratégicos como operadores comunitarios y pequeños proveedores de Internet.
De esta forma, “la IDE se convertiría en un instrumento clave para fortalecer la coordinación entre el sector público y el privado; para acelerar la reducción de la brecha digital y garantizar que el derecho a la conectividad se extienda de manera equitativa a toda la población mexicana”.
Reasignación de recursos del Programa de Cobertura Social
Se propuso igualmente considerar la reasignación de recursos del PCS, actualmente administrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para destinarlos de manera prioritaria a proyectos de última milla operados por comunidades y operadores locales de internet o ISP.
“Esta medida cobra especial relevancia ante el diagnóstico oficial que identifica 51,632 localidades sin cobertura de Internet y 4,510 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en el PCS 2023-2024. Dirigir recursos hacia estos actores permitiría acelerar la conectividad en los territorios más rezagados, pues son precisamente los operadores comunitarios y los pequeños ISP quienes poseen mayor capacidad de adaptación, cercanía y conocimiento del contexto local para llevar servicios de calidad donde los grandes operadores no tienen presencia o interés comercial”, dijo la entidad.
“La reasignación de estos fondos no solo contribuiría a cerrar la brecha digital en comunidades rurales, indígenas y marginadas, sino que también reforzaría la equidad territorial y la inclusión social, en línea con el mandato constitucional de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación”.
Reconocimiento explícito de operadores comunitarios e ISP locales
La ALT+ propuso luego que se reconozca explícitamente a los operadores comunitarios y a los Operadores de Redes Locales dentro del marco de la ADN y el PCS.
Estos actores desempeñan un papel relevante en la llegada a áreas desatendidas donde los grandes operadores comerciales tienen una presencia limitada o nula, debido a la baja rentabilidad o a condiciones de operación difíciles.
Al reconocerlos formalmente en la política nacional, el gobierno alinearía los instrumentos regulatorios con las realidades sobre el terreno, asegurando que los recursos, la asistencia técnica y el apoyo institucional no se concentren exclusivamente en los grandes operadores, sino que también se dirijan a aquellos que están sirviendo efectivamente a comunidades rurales, indígenas y marginadas.
Este reconocimiento les proporcionaría a estos operadores legitimidad, visibilidad y acceso a mecanismos como financiamiento, capacitación y cooperación público-privada que son esenciales para su sostenibilidad y expansión.
“Estos actores no solo proporcionan conectividad de última milla, sino que también generan confianza con las poblaciones locales, crean empleo local y desarrollan modelos de gobernanza impulsados por la comunidad que aseguran que los servicios sean más responsivos y resilientes. Su inclusión en la ADN haría que las políticas fueran más equitativas, mientras que su inclusión en el PCS aseguraría que los subsidios y mecanismos de apoyo llegaran a quienes están mejor posicionados para brindar soluciones inmediatas en áreas de alta prioridad”, dijo la ALT+.
Programa de Conectividad para la Inclusión
El Gobierno de México tiene la oportunidad de fortalecer la inclusión digital mediante un esquema de incentivos voluntarios, en lugar de la imposición de tarifas mayoristas diferenciadas obligatorias.
Bajo este modelo, se fomentaría que los Operadores de Redes Móviles (ORM) ofrecieran condiciones preferenciales de acceso mayorista a proyectos de conectividad rural, privilegiando la cooperación y el beneficio mutuo. Con ello, se preserva la seguridad jurídica, se mantiene la confianza de los inversionistas y se evita desalentar la expansión de infraestructura en el país.
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Para su implementación, se propuso la creación de un Programa de Conectividad para la Inclusión, bajo la supervisión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que otorgue beneficios a los ORM que participen en la provisión de acceso mayorista en condiciones accesibles.
Dichos beneficios podrían incluir deducciones fiscales, reducciones en los derechos por uso del espectro radioeléctrico y acceso preferente a programas de coinversión en infraestructura compartida o estableciendo reglas tarifarias de “nación más beneficiada”.
De manera complementaria, se podría utilizar al PCS para cubrir parcialmente los costos mayoristas de operadores comunitarios y OMV que atienden localidades marginadas.
Subsidios para equipamiento y plataformas
La ALT+ dijo que implementar subsidios para tarjetas SIM, terminales básicas y plataformas de gestión a través del PCS es esencial para cerrar la brecha de conectividad en las comunidades más pequeñas y desatendidas de México.
Las localidades con menos de 5,000 habitantes suelen quedar excluidas de la inversión de los grandes operadores debido a su baja rentabilidad, lo que deja a los residentes sin acceso a telecomunicaciones confiables.
Al apoyar a los OMV y Operadores de Redes locales que se encuentran cerca o dentro de estas zonas, el gobierno facilitaría una conectividad asequible que mejora directamente el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las oportunidades económicas, como el comercio electrónico y el empleo digital. Estos subsidios eliminarían las barreras iniciales de entrada, garantizando que las poblaciones marginadas se beneficien de la inclusión digital.
Programa de formación y sostenibilidad
El diseño de un programa avalado por la ATDT centrado en la operación de redes, la atención al cliente, la ciberseguridad y la facturación sería un paso transformador para fortalecer el ecosistema digital de México.
Al promover capacitación estructurada y certificada en estas áreas, el gobierno no solo mejoraría la calidad y la confiabilidad del servicio, sino que también garantizaría que las comunidades estén capacitadas para gestionar eficazmente su propia infraestructura de telecomunicaciones.
Esta inversión en capital humano se traduce directamente en una mayor inclusión digital, una menor dependencia de proveedores externos y una mayor sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas locales.
“El desarrollo económico y social de México requiere adoptar un enfoque moderno y equitativo que aliente la conectividad y la innovación, sin distorsionar el mercado ni cargar indebidamente a los ciudadanos”.
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