Los libertarios, los impuestos al pecado y el presupuesto
El tema del incremento de los impuestos especiales a ciertos productos detonó un debate de filosofía política en el país. Hay quien argumenta que el Estado no puede intervenir en las decisiones personales de los gobernados, por lo que se trata de un impuesto ilegítimo. Se trata de una posición libertaria. Es decir, de quienes piensan que el Estado no debe regular la actividad económica, ni para disminuir desigualdades, ni para reducir los riesgos sociales. Esas posiciones, por ejemplo, fueron la base de la famosa Escuela Austriaca, fundamento de la revolución neoliberal.
En realidad, el Estado sí puede y debe intervenir para regular la economía y la sociedad. También dentro del liberalismo, otras teorías, como el enfoque de capacidades de Amartya Sen, sostienen que la libertad de elegir solo se concreta en la medida en que una persona se enfrenta a la posibilidad real de elegir. Alguien es libre de decidir el ir o no a la universidad, por ejemplo, solamente si tiene los recursos y la oferta de estudios a su disposición, no en cualquier circunstancia. En realidad, buena parte de las personas no es libre de elegir si tienen o no una formación universitaria, porque no cuentan con recursos o con una oferta a su alcance.
En este caso, una persona puede elegir con libertad comprar o no un producto si conoce toda la información del mismo, su venta es regulada de manera correcta y los costos sociales están incorporados al precio. Un impuesto como el IEPS permite pagar por las externalidades que el consumo excesivo de ese producto genera en la sociedad. Me explico: el consumo masivo y excesivo de ciertos productos incrementa la incidencia y las consecuencias en la salud de un sector importante de la población en relación con ciertas enfermedades, lo que necesariamente requiere de mayores gastos para el sistema de salud, que pueden pagarse, al menos parcialmente, por la recaudación del impuesto.
El IEPS sirve también como una indicación que el Estado envía a las personas para señalar al producto como causante de problemas de salud, lo que eventualmente va a llevar a sustituirlos por otros más saludables.
Lo que es una realidad es que, en todos los países, se desarrollan políticas estatales que buscan regular el mercado hacia el consumo de alimentos más saludables y desincentivar los que causan mayores problemas para la salud. A las empresas les corresponde modificar su portafolio de productos hacia opciones más sanas —muchas de ellas ya lo hacen—, pero se requiere que se haga con mayor rapidez y profundidad.
Se trata de un caso claro en el que la economía tiene que ser regulada para alcanzar fines sociales, que el solo mercado, sin intervención, no puede lograr. Es ahí donde el argumento libertario no funciona: lo que el mercado, sin intervención, genera no siempre es lo óptimo para la sociedad; se requiere intervenir con mecanismos como el propio sistema de precios, por medio de los impuestos, para desincentivar el consumo y proveer al Estado de los recursos para atenuar las externalidades negativas en la sociedad.
