Armado para no crecer
Para como pintan hasta ahora las cosas, es probable que este sea el segundo sexenio consecutivo en que el PIB por habitante se contraiga como resultado de una economía que no se expande más rápido de la ya de por sí muy baja tasa de crecimiento de la población. De entrada, para este año, en el escenario más optimista, se prevé una caída de 0.7% del PIB per cápita.
Desde el sexenio pasado e iniciando con la absurda y, por lo mismo, notoriamente errónea y costosa decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, la destrucción institucional que le siguió fue creando un arreglo que desincentivó la inversión privada y, por lo mismo, el crecimiento. Esto se agravó con las también absurdas decisiones de inversión pública en diversos proyectos con una tasa de rentabilidad social negativa que, por lo mismo, en lugar de generar riqueza para la nación, la destruyen, destacando la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA.
Además, hay que agregar la inyección de más de un billón de pesos a PEMEX (más lo que se acumule en los años por venir) sin haber resuelto sus problemas estructurales, por lo que sigue siendo deficitaria, y la decisión que se tomó en el sector eléctrico de discriminar a la inversión privada en generación, inclusive impidiendo la entrada en operación de plantas ya concluidas y forzando a la CFE a producir en plantas obsoletas, contaminantes y muy caras, así como la también absurda decisión de prácticamente no invertir en la ampliación de las redes de transmisión y distribución de electricidad, hecho que, por sí mismo, desincentiva la inversión.
El costo en términos de crecimiento de todas estas decisiones palidece frente al que se deriva de la destrucción de los contrapesos institucionales al ejercicio autoritario del poder. Aquí entran la eliminación de tres órganos autónomos del Estado mexicano (INAI, IFT y Cofece), la captura de los órganos electorales (INE y TRIFE) y, por sobre todo, la aberrante reforma judicial que destruyó la independencia del Poder Judicial de la Federación, con lo que se mermó significativamente la certeza jurídica de garantía y defensa de los derechos individuales, incluido el derecho a la propiedad de bienes y recursos, así como la garantía judicial de imparcialidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de contratos. Mal empieza el “nuevo poder judicial” cuando los ministros de la SCJN se le hincan a Quetzalcóatl y 900 jueces de distrito y magistrados electos por el “pueblo bueno” aún no saben en cuáles juzgados van a “impartir justicia”.
La destrucción del arreglo institucional iniciada durante el sexenio pasado y que se aceleró durante septiembre del año pasado y en los primeros meses de este gobierno impactó negativamente a la inversión. Así, la formación bruta de capital ya acumuló, a partir de septiembre de 2024, diez meses consecutivos de caída a tasa anual, de forma tal que en junio del presente año (último dato disponible) la inversión fija bruta se situó 10.6% por debajo del máximo alcanzado en octubre de 2023.
Peor aún, la muy baja tasa de inversión bruta implica que ni siquiera se está reponiendo la depreciación del capital, por lo que la inversión fija neta ha caído a tasas aún mayores, lo que implica que el acervo de capital de la economía está prácticamente estancado, si no es que hasta cayendo. Para agravar la caída que ha tenido la inversión neta por su impacto negativo sobre el crecimiento, la productividad laboral agregada en la economía se situó en niveles de 2009. Durante los últimos cinco años, mientras que la productividad laboral en el sector primario, en promedio, no creció, en los sectores secundarios y terciarios estas cayeron, en promedio, en 0.9 y 1.5% respectivamente.
La caída en la productividad laboral agregada se explica, parcialmente, por el crecimiento que ha tenido el sector informal de la economía en donde labora el 30% de la población ocupada. Unidades de producción ilegales (aunque produzcan bienes legales) son naturalmente pequeñas, con una muy baja escala de producción y con tecnología obsoleta, pero que siguen operando, inclusive compitiendo con las empresas formalmente constituidas, porque no incurren en los costos burocráticos ni en los costos derivados de las aportaciones patronales a la seguridad social ni pagan impuestos. Estas pequeñas empresas, con la muy baja productividad con la que operan, se constituyen como un pesado lastre sobre el crecimiento de la economía.
Otro factor que también incide negativamente sobre el crecimiento es la muy baja calidad del servicio educativo provisto en las escuelas públicas, misma que se ha deteriorado todavía más con la cancelación de la reforma educativa de 2013 para empoderar al sindicato magisterial y con la ocurrencia de la “nueva escuela mexicana”. Egresados del sistema escolar con un nivel de capital humano bajo y de mala calidad dificultan su inserción de manera productiva en el mercado laboral, particularmente el mercado formal.
Así, sumando el impacto de cada uno de los elementos aquí descritos (más otros que no se mencionan por falta de espacio), tenemos un arreglo institucional armado para que la economía prácticamente no crezca.
