Sector inmobiliario: Multas por incumplir Ley Antilavado presionan a las pymes
El sector inmobiliario en México enfrenta un escenario complejo con las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), que establecen sanciones económicas que van desde los 22,628 pesos hasta los 7.3 millones de pesos.
La medida busca cerrar espacios financieros al crimen organizado, pero plantea serios desafíos para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas (Pymes) que dominan el mercado de bienes raíces.
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De acuerdo con la normativa, las sanciones varían según el incumplimiento:
- Artículo 18: multas de entre 22,628 y 226,280 pesos por incumplir obligaciones básicas.
- Artículo 53: sanciones de 226,280 a 1,131,400 pesos por irregularidades relacionadas con el beneficiario controlador.
- Artículos 17 y 32: multas que van de 1.1 millones a 7.3 millones de pesos por omisión en la presentación de avisos, rebasar umbrales en cuanto al monto de las transacciones o participar en operaciones con recursos ilícitos.
Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), indicó que “las multas son agresivas, especialmente si se toman en cuenta las dificultades que pueden enfrentar empresas de menor tamaño”.
“La implementación de la ley es importante porque nos hace ver al interior de la industria, pero esto debería venir de una inteligencia por parte de las autoridades, no de nosotros. A pesar de ello, la ley no es de gustos y se debe cumplir”, comentó durante su participación en el World Integrity and Compliance Forum.
Pymes, las más vulnerables
Una encuesta de la AMPI reveló que 64.9% de sus socios son independientes o empresas con entre dos y 10 asesores, quienes tendrían dificultades por los costos de cumplimiento.
“No es que estas empresas no quieran cumplir, pero necesitamos un mecanismo flexible. La Ley Antilavado, la Ley Silla, la reducción de la jornada laboral, son temas que impactan”, afirmó Oviedo.
Según cálculos de la Asociación, cumplir al 100% con la ley podría duplicar las obligaciones laborales y, en consecuencia, presionar los precios de la vivienda.
“Siempre un paso adelante”
Para Ruth Lugo Martínez, contadora pública con certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera, las reformas plantean una exigencia mayor para las empresas, que deberán no solo cumplir con la ley, sino ser más estrictas en sus propios controles.
“La delincuencia siempre va más allá y buscará darle la vuelta a la Ley Antilavado…Para evitarlo, tenemos que ser supervisores de nuestros propios negocios y nuestros clientes”, advirtió.
Cabe mencionar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado de realizar visitas de verificación y auditorías a empresas inmobiliarias, mientras que la UIF tendrá la facultad de requerir información directa.
La Ley Antilavado considera al sector inmobiliario como una de las actividades vulnerables para el manejo de recursos ilícitos, por lo que endurece las medidas de control y las transacciones que deben ser reportadas incluyen:
- Construcción o desarrollo de bienes inmuebles con fines de venta o renta.
- Recepción de recursos destinados a proyectos inmobiliarios.
- Operaciones por un monto igual o superior a 8,025 UMAS (908,415.50 pesos en 2025) deberán notificarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Arrendamiento de inmuebles con valor superior a 1,605 UMAS (181,589.70 pesos).
- Servicios profesionales en representación de clientes en operaciones que involucren montos iguales o mayores a 363,209 pesos al mes.
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