FGR responde a afectados de CAME y los remite a formalizar denuncias
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), respondió a un escrito presentado por ahorradores de la Sociedad Financiera Popular CAME, quienes acusan a la institución de un presunto fraude y señalan omisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La contestación de la FGR llegó después de que los afectados entregaran su oficio el pasado 25 de agosto, tras una protesta frente a Palacio Nacional en la que exigieron la intervención del gobierno federal y el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar sus ahorros. Sin embargo, la respuesta se limitó a orientar a los ahorradores a interponer su denuncia.
“Esa fue la respuesta a nuestra solicitud de audiencia con la Presidenta un simple: vaya y ponga su denuncia’”, mencionó uno de los ahorradores
De acuerdo con el oficio al que tuvo acceso El Economista, fechado el 28 de agosto, la Unidad de Servicios a la Comunidad de la FGR precisó que no cuenta con facultades directas para investigar los hechos, ya que el esclarecimiento de posibles delitos corresponde al Ministerio Público y a las autoridades de seguridad, conforme lo establece la Constitución.
Sin embargo, la institución ofreció orientación legal a los peticionarios para que presenten formalmente su denuncia ante la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, a fin de dar cauce a las irregularidades denunciadas.
“La unidad referida, únicamente brinda a los peticionarios la orientación legal correspondiente a los asuntos planteados en su misiva, a modo de respuesta: esto en cumplimiento de la obligación de responder que el derecho de petición impone a la institución y los servidores públicos que en ella laboramos”, se puede leer en el oficio.
El escrito también detalla que los ahorradores, encabezados por Lizbeth Morales, habían solicitado una audiencia con la Presidencia de la República, y que desde noviembre del 2024 venían alertando sobre irregularidades en CAME, entidad que cerró sus operaciones en abril del 2025 y fue posteriormente intervenida por la CNBV. A pesar de ello, los ahorradores acusan que no se les ha garantizado la recuperación de su patrimonio ni se les ha informado con claridad sobre el destino de sus recursos.
Cabe destacar que, de manera paralela, los afectados ya habían presentado una denuncia por diversos delitos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), además de que existe otra carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Especializada en Control Competencial (Fecoc), ambas fiscalías de la FGR.
Acudir con pruebas
El documento recientemente entregado a los ahorradores también les recuerda que, al ejercer su derecho de petición, las autoridades tienen la obligación de dar respuesta. En este sentido, la Unidad de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía subrayó que el paso inmediato es acudir con pruebas, documentos y testimonios ante la autoridad especializada en delitos financieros, para que se determine si procede la apertura de una investigación penal.
Por su parte, la CNBV publicó en su portal un comunicado en el que informó sobre la intervención de CAME, con el propósito de “salvaguardar los intereses de los ahorradores y preservar la estabilidad del sistema de ahorro popular”.
No obstante, los denunciantes sostienen que hasta la fecha no han recibido información clara ni certidumbre sobre la devolución de sus recursos.
La FGR precisó que no cuenta con facultades directas para investigar los hechos, ya que el esclarecimiento de posibles delitos corresponde al MP.
