Las cuatro P de la política de competencia
Reino Unido tiene una de las autoridades de competencia de mayor reconocimiento internacional, la Competition and Markets Authority (CMA). Dicha agencia, y sus predecesoras, fueron pioneras en la realización de estudios de mercado e investigaciones de mercado, que son herramientas no sancionadoras que buscan comprender el funcionamiento de ciertos sectores económicos y que en algunos casos pueden conducir a la imposición de medidas estructurales y de comportamiento a las empresas. Algo similar está previsto en la ley de competencia de México, que permite investigar las condiciones de acceso a insumos esenciales y las barreras a la competencia.
La CMA dirige un proyecto para delinear su estrategia de intervención en los mercados para los próximos años. El objetivo es mantener un régimen de competencia independiente y sólido, que permita el crecimiento y la inversión, a la vez que se protejan los intereses de los consumidores. Como es su costumbre, la CMA ha lanzado diversas convocatorias para discutir públicamente la manera de implementar esta iniciativa.
La agencia ha efectuado consultas con diversos sectores, incluyendo inversionistas. Derivado de ello, reconoce que su trabajo en los mercados puede tener efectos negativos no deseados que pueden repercutir en la productividad y el crecimiento y que pueden demeritar el impacto positivo que se puede lograr con la aplicación de la política de competencia. En particular, la CMA señala que se debe evitar la incertidumbre para los negocios, pues puede dañar la inversión y la innovación. También se debe evitar la imposición de cargas innecesarias a las empresas, particularmente por los requerimientos de información innecesarios y el seguimiento a los procedimientos. Finalmente, la autoridad indica que en muchos casos los periodos extensos de investigación no se justifican.
El ejercicio crítico de la CMA la ha llevado a delinear los cuatro principios, que ha denominado las cuatro P (pace, predictability, proporcionality y process), que se refieren al ritmo, predictibilidad, proporcionalidad y proceso bajo los cuales debería aplicarse la política de competencia, para evitar los efectos negativos señalados.
La primera P se refiere a la velocidad. La autoridad reconoce que ser expedita en sus decisiones es fundamental para reducir la incertidumbre y los costos para las empresas y consumidores. Para ello propone un mayor cuidado en la selección de la herramienta de intervención, mayor apoyo en el trabajo de expertos, aplicación de KPIs y mayor eficiencia en la conducción de los procedimientos.
La segunda P se relaciona con la predictibilidad, para lo cual la agencia se ha comprometido a proveer una mayor claridad respecto de sus prioridades estratégicas, ser más transparente en la ejecución de sus proyectos y proveer de mayor retroalimentación a las partes involucradas respecto de los avances en los procedimientos.
La tercera P implica proporcionalidad, para lo cual se requiere calcular los posibles beneficios netos de las intervenciones, enfocarse en los casos con mayor potencial de daño, determinar con mayor precisión los costos de los remedios impuestos y reducir la carga a las empresas sujetas a la aplicación de remedios.
La última P tiene que ver con el proceso, el cual, dice la CMA, debe ser más ágil e interactivo con los agentes económicos. En particular, debe haber un mayor involucramiento para entender mejor los probables impactos de decisiones clave en las empresas, ofrecer mayores explicaciones en sus investigaciones y generar mayores oportunidades de actualización a los agentes económicos respecto de sus planteamientos.
La experiencia de la CMA demuestra que una política de competencia sólida requiere no solo de marcos legales adecuados, sino también de principios claros que guíen su aplicación. En México, la reforma a la Ley de Competencia y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio abren una ventana de oportunidad de construir una nueva institucionalidad que pueda convertirse en un catalizador para la productividad e innovación.
*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.
