La nueva base de datos de inteligencia súper poderosa del Gobierno federal
<![CDATA[
Desde hace décadas, las autoridades que buscan investigar delitos y otros actos ilegales se han apoyado en la colaboración con particulares para obtener evidencia, corroborar versiones y localizar a personas y empresas. Antes del crecimiento de las redes telefónicas móviles y del Internet –y mucho antes de la existencia de las plataformas digitales– a lo máximo que podían aspirar los investigadores de la autoridad era a obtener fotografías, videograbaciones y las famosas “sábanas” telefónicas que llevan el registro de llamadas entrantes y salientes de una línea telefónica.
¿Por qué y para qué?
Las funciones de los investigadores de delitos y actos ilegales son ahora mucho más sofisticadas y se presenta un catálogo inmenso de fuentes de datos e información. Con estos avances, las legislaciones del mundo han evolucionado para proteger aspectos como la privacidad e imagen de las personas, así como sus datos personales y la información sobre las actividades y todo tipo de información que se almacena y procesa diariamente en bases de datos públicas y privadas. En pleno 2025, en México estamos siendo testigos de la creación una base de datos con capacidades nunca antes establecidas por una ley, que es resultado de la combinación de una serie de nuevas leyes y reformas que establen nuevas entidades, facultades y obligaciones que llevan todas hacia un mismo camino: la mega base de datos. Tal y como si se tratara de un sofisticado Caballo de Troya legislativo para crear la mega base de datos, de forma sincronizada y perfectamente orquestada, se echó mano de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; reformas a la Ley General de Población; la creación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusion; la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; la creación del Centro Nacional de Inteligencia; la creación del Sistema Nacional de Información; y la creación de la Plataforma Nacional de Identidad, publicado todo en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. La cantidad de información, datos, meta-datos, versos y multiversos que pasarán a formar parte de esta mega base de datos será inmensa, como no se ha visto antes en un sistema creado y administrado expresamete por el Gobierno Federal. Para darnos una ideal real del alcance de esta base de datos, se prevé que la misma debe ser alimentada obligatoriamente y de forma diaria por las autoridades de procuración de justicia, policiales y de otro tipo a nivel municipal, estatal y federal con una cantidad de información enorme. Por ejemplo, en materia de detenciones; información criminal; personal de seguridad pública; personal y equipo de los servicios de seguridad privada; armamento y equipo; vehículos; huellas dactilares; teléfonos celulares; medidas u órdenes de protección para las mujeres, adolescentes, niñas y niños; medidas cautelares; soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal; y personas sentenciadas. Además, no solo se trata de la creación del nuevo CURP biométrico; la Ley General del Sistema de Seguridad Pública también mandata la creación de registros específicos, como el de Armamentos y Equipo, Detenciones, Incidencia Delictiva, Información Penitenciaria, Mandamientos Judiciales, Personal de Seguridad Pública, Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, Vehículos Robados y Recuperados, Eficiencia Ministerial, Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada. Todo esto en adición a los ya tradicionales registros de las compañías telefónicas y la geolocalización en tiempo real. Pero este nuevo regimen “pasa báscula” también a la información que se recabe por todo tipo de servicios particulares, desde hoteles, restaurantes y hospitales, hasta aerolíneas, líneas de autobúses, tiendas de todo tipo e incluso salones de fiestas, de ser necesario. Vamos, hasta el local de copias y la pollería de la esquina podrían estar incluidos. Aún hay muchas más dudas que respuestas, pero evidentemente el propósito principal de una base de datos de esta complejidad y alcances debe tener un objetivo muy concreto de combate al crimen, y en especial a las mayores empresas trasnacionales delictivas, que tanto daño han causado y siguen causando en todo el mundo. Se especula por supuesto que esté avanzado, y el complejo sistema de información ha sido parte de las exigencias del Gobierno de los Estados Unidos, que incluso puede estar atado a los compromisos de colaboración binacional relacionados con la imposición de aranceles y renegociación del T-MEC.
Una de las grandes dudas, tanto por los aspectos de ciberseguridad como por lo relacionado al despliegue y desarrollo de la tecnología para crear y mantener un sistema de este tamaño, es el presupuesto que deberá destinarse, considerando que hay obligaciones tan amplias en los tres niveles de gobierno y prácticamente para todos los sectores económicos del país. Estamos construyendo el mayor rascacielos de datos que hay en América Latina y posiblemente uno de los más grandes del mundo, pero no se ha definido aún quién hará el diseño y ejecución de una obra tan compleja e interconectada. De especial interés para todos nosotros debería ser saber cómo, quién y bajo qué circunstancias podrían las autoridades tener acceso a tan colosal base de datos. Lo que establecen las normas, por lo permisivo y poco claro, podría dejar a más de uno sin sueño. ____ Nota del editor: Sergio Legorreta es socio del despacho internacional FisherBroyles. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
]]>
