Tribunal de Disciplina Judicial: ¿Reforma o maquillaje institucional?
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) como órgano independiente para vigilar al Poder Judicial representa, en el papel, un avance hacia la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, al analizar a sus integrantes, sus atribuciones y el mecanismo electoral que los llevó al cargo, surgen dudas legítimas sobre si estamos frente a una verdadera reforma o simplemente ante un maquillaje institucional que perpetúa vicios del pasado.
Los cinco magistrados electos por voto popular tienen trayectorias respetables dentro del ámbito judicial y administrativo. Sin embargo, ninguno posee experiencia específica en la evaluación del desempeño judicial o en procesos disciplinarios, que son precisamente las tareas que ahora se les encomiendan.
Esta carencia técnica plantea una inquietud central: ¿puede funcionar un tribunal disciplinario sin expertos en disciplina?
Además, la elección mediante voto ciudadano –aunque democrática en apariencia– introduce preocupaciones sobre la politización del órgano, sobre todo al considerar que algunos integrantes han tenido vínculos con partidos o campañas políticas. La independencia judicial no se garantiza por la popularidad, sino por el rigor técnico y la imparcialidad profesional. Y la estabilidad en el puesto y la carrera judicial.
Concentración de funciones, dispersión de garantías
Uno de los rasgos más polémicos del TDJ es que sus resoluciones serán definitivas e inapelables, sin posibilidad de amparo.
Esta disposición, aunque busca celeridad y firmeza, vulnera principios básicos del debido proceso. Además, al concentrar funciones evaluadoras, investigadoras y sancionadoras en un solo cuerpo colegiado, se borra la frontera entre juez y parte.
Una reforma con brújula ética pendiente
La legitimidad del TDJ no se consolidará por decreto ni por simpatía electoral, sino por su capacidad de actuar con profesionalismo, alejado de presiones políticas y mediáticas.
México necesita una justicia disciplinaria que no solo castigue el abuso, sino que fortalezca la integridad judicial desde la raíz.
En este sentido, más que celebrar una reforma, deberíamos exigir reglas claras, perfiles idóneos y garantías procesales sólidas.
Los recién electos magistrados: Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar, tienen una tarea mayúscula de la cual pende la reforma judicial. Sus trayectorias políticas ponen en duda su desempeño en el TJD, tiempo a tiempo.
Querido lector, la independencia judicial no se logra con símbolos, sino con sistemas confiables, verificables y ciudadanos vigilantes. Por ahora, el chicote disciplinario deja más dudas que certezas. Hasta la próxima.
