Desde cemento hasta pollo: 9 claves sobre cómo La Familia Michoacana manipuló precios en Edomex

Esta semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dió a conocer que una red criminal con presuntos vínculos con La Familia Michoacana fue desarticulada en el sur del Estado de México tras años de extorsiones, imponer cuotas, controlar mercados y alterar artificialmente los precios de productos esenciales. 

A continuación, algunos puntos clave de lo que arrojó el operativo denominado “Operación Liberación” que llevó a la detención de varios integrantes clave y el aseguramiento de más de 60 establecimientos donde se ejercían prácticas extorsivas que impactaban directamente en los bolsillos de miles de mexiquenses.

1. Control económico con fachada legal

Durante al menos seis meses, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) documentó una estructura criminal que había capturado sectores económicos completos. 

Esta red operaba a través de unidades económicas aparentemente legales: casas de materiales, sindicatos, rastros, carnicerías y madererías, desde donde se imponían condiciones de compra forzosa, sobreprecios y amenazas. 

El grupo intervenía principalmente en 14 municipios, entre ellos Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Temascaltepec, Sultepec y Tejupilco.

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2. Red que controlaba venta y precios de materiales

Uno de los actores principales era Eli “N”, dueño del almacén “JIMEX” en Valle de Bravo. Según las investigaciones, este empresario fungía como único autorizado por el grupo delictivo para distribuir cemento y materiales de construcción en la región. Las personas que intentaban abastecerse por otro canal eran interceptadas y, en al menos un caso, secuestradas. 

De acuerdo con las autoridades, en enero pasado, Eli habría obligado a una víctima a subir a un vehículo, donde le exigió un pago inicial y una cuota semanal de sus ingresos, además de canalizar todas sus compras exclusivamente hacia su establecimiento.

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3. Precios inflados hasta 400% en construcción

El entramado tenía aliados estratégicos como Gonzalo “N”, líder del sindicato “Bradosva”, quien controlaba la distribución de arena, grava y varilla. 

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De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, cobraba cuotas de hasta 15,000 pesos por ingreso de materiales y 2,500 pesos por cada viaje, amedrentando con destruir obras o golpear a operadores que no cumplieran. 

Un informe policial reveló que este sindicato inflaba los precios hasta un 400% en comparación con los precios base en Toluca, lo que afectaba severamente la vivienda, infraestructura y obra pública local.

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4. Frente financiero 

Las tareas administrativas y financieras de este modelo coercitivo estaban a cargo de Alicia “N”, quien operaba en Ixtapan de la Sal y zonas aledañas. 

Ella era responsable de aplicar sobreprecios del 20% en productos de construcción y de amenazar a quienes no aceptaran las condiciones impuestas. 

Para convencer a los comerciantes, los alojaba en un hotel bajo su control, donde se les mostraba incluso un criadero de caballos de alto valor, presuntamente pertenecientes a los líderes criminales, como símbolo del poder que respaldaba las amenazas.

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5. Monopolio en la madera y vínculos familiares

Alicia no actuaba sola: era pareja de Jorge “N”, líder del negocio maderero en Valle de Bravo, quien se encargaba de monopolizar la venta de madera, incluyendo productos finos para cabañas. 

Exigía pagos iniciales de hasta 100,000 pesos a otros comerciantes y cobraba cuotas mensuales en función de sus ventas. 

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A su vez, José Fernando “N”, otro implicado, operaba madererías en Ixtapan de la Sal, donde aumentaba los precios en un 20% y empleaba operadores de taxi para las labores logísticas, todo en beneficio del mismo grupo delictivo.

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6. Control alimentario: carne, pollo y amenazas

La red no se limitaba al ramo de la construcción. También extendía su control al abasto de carne y pollo.

Según el reporte de la Fiscalía, el detenido Antonio “N” distribuía carne en Texcaltitlán, Sultepec y Almoloya de Alquisiras. Imponía un cargo extra de cinco pesos por kilo y obligaba a los compradores a adquirir exclusivamente sus productos, bajo amenazas de muerte.

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Algo similar hacía Bernardo Alejandro “N”, detenido en Quintana Roo, quien dirigía la venta de pollo en Ixtapan de la Sal. Amenazaba con causar daño físico a los comerciantes que intentaran abastecerse por otra vía.

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7. Coerción como modelo económico

Todos estos operadores formaban parte de una estructura con apariencia empresarial, pero que funcionaba bajo la lógica de la extorsión. 

Algunos de ellos incluso eran figuras visibles en sus comunidades: comerciantes, regidores o líderes sindicales. Tal es el caso de Yareli “N”, quien se desempeñaba como cuarta regidora municipal y participó, presuntamente, en un secuestro exprés para exigir el pago de cuotas a un comerciante de muebles.

La regidora, junto a Alicia “N” y Jorge “N”, cumplían con la encomienda delg rupo criminal de convocar a comerciantes de Ixtapan de la Sal, Tonatico y municipios aledaños a alojarse en un conocido hotel de la zona donde les hablaban de “la importancia de estar alineados” con el grupo criminal y si posteriormente no obedecían lo que los ahora detenidos les imponían, los comerciantes eran privados de su libertad por grupos de personas que portaban armas de fuego

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8. Más allá de materiales: paquetería y comercio digital

Además del impacto económico, las autoridades destacan que esta red tenía control en actividades de logística y paquetería. En Tejupilco, por ejemplo, el grupo estableció un centro donde interceptaba paquetes de empresas como Mercado Libre o Estafeta, exigía pagos ilegales para liberar los productos o simplemente se quedaba con ellos si les resultaban de interés.

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9. Bienes asegurados y redistribuidos

Tras los cateos simultáneos realizados el 21 de julio, las autoridades aseguraron miles de bienes: más de 4,000 aves, casi 4 toneladas de cárnicos, 137 toneladas de varilla, 5,000 bultos de cemento, maquinaria, forraje, ganado y 128 vehículos. 

Por primera vez en la entidad, se aplicó un esquema de “disposición anticipada” avalado por el Poder Judicial, que permitió entregar estos productos a la población afectada a través de la Secretaría del Bienestar.

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La intervención se desplegó en municipios como Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Sultepec, Texcaltitlán y Valle de Bravo, donde se estima que los precios regresarán a su nivel de referencia tras la caída de esta red criminal.

La FGJEM indicó que mantiene abierta la investigación y solicita a víctimas y testigos presentar denuncias a través del número 089, el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx o la app FGJEdomex.