Soluciones de nicho para problemas sistémicos
La buena noticia es que el gobierno mexicano sabe que los retos del sector energético son enormes. En electricidad, por ejemplo, sus metas reconocen que se necesitan casi 30 gigawatts de nueva capacidad instalada. Son 5 mil megawatts nuevos por año. En gas y petróleo, decir que realmente quieren pagar la deuda a los proveedores, no endeudar más a Pemex y mantener la producción en 1.8 millones de barriles de crudo implica una odisea. En el último año de la Administración pasada, Hacienda dejó la idea que se necesitaba un rescate como de 40 mil millones de dólares para que Pemex siguiera saliendo a flote.
De acuerdo con el gobierno, ya hay pasos importantes en esta dirección. La semana pasada CFE presumió que entraron en operación dos centrales de ciclo combinado, que representan 1,300 megawatts de capacidad instalada incremental; que en lo que queda del año se inaugurarían otros 1,100 MW; y que para el 2027 se habrían incorporado otros 3,500.
Pero los 2,400 MW ahora prometidos para 2025 no llegan al famoso 54 por ciento respecto a lo que se necesita todos los años de este sexenio. Los 3,500 MW de los próximos dos años, 1,750 por año, mucho menos. De 15 mil MW que se necesitan en tres años, la CFE estaría inaugurando apenas 5,900, el 39 por ciento. Y esto asume que no habrá nuevos retrasos. Los listones que ahora está cortando la CFE vienen de planes que se anunciaron hace varios años. Son de centrales que se suponía que las iban a alcanzar a inaugurar Manuel Bartlett y el presidente López Obrador.
El caso de Pemex es mucho más dramático. Esta semana presumieron que había interés del sector privado en 7 contratos mixtos, que dejarían en total poco más de 20 mil millones de dólares de inversión y poco menos de 100 mil barriles diarios de producción de crudo incremental. Como si fuera algo positivo, en muchos lados se reportó que esta inversión es casi del tamaño de la deuda actual que Pemex reconoce con proveedores. Los bonos a la firma que Pemex estima, si no se les cae ningún interesado, es de apenas 3 mil millones de dólares. 8 mil si sumamos Ixachi, que en la Administración de Lopez Obrador se presumía como un icono del rescate de la soberanía. En realidad es preocupante. ¿Hemos llegado al punto en el que un monto modesto de inversión incremental se tiene que comparar con el boquete financiero a proveedores de corto plazo para sonar interesante? En términos operativos, es un plan que produciría menos de 5 por ciento de lo requerido para alcanzar la meta – y una fracción de lo que se asume representara la declinación natural. Después del mega recorte de inversión de Pemex para este año, no queda claro que los contratos mixtos sean suficientes para tapar ese otro nuevo boquete.
Claro que, direccionalmente, esto no deja de ser positivo. El punto es que es absurdamente insuficiente. Atender un problema sistémico y urgente caracterizando y delimitando nichos raros es inviable.
Las empresas del Estado ya están a tope. Es claro que el gobierno tiene toda la razón cuando insiste que realmente quiere toda la ayuda que pueda conseguir del sector privado.
Lo que no queda claro es que el gobierno se haya dado cuenta que cada vez que introduce una variante regulatoria o contractual atípica, que se desvía por diseño de los estándares tradicionales de la industria global, no sólo limita el universo de capital que podría desplegarse en México. También retrasa su despliegue. Siempre habrá algunos pocos que prometan moverse rápido, bajo esquemas excepcionales. Pero en la medida en que reconozcamos que se necesitan soluciones replicables y escalables, que aprovechen del acceso a los grandes pools de capital a los que México en teoría poder acceder, hay que tomar en cuenta sus tiempos y restricciones.
