Gobierno liquida a INCA Rural; trabajadores quieren empleo, no liquidación
El Instituto Nacional de Capacitación Rural (INCA Rural), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con 52 años de existencia, entró en un proceso de liquidación, sin que se consideren las aportaciones que hacen para el cumplimiento de la soberanía alimentaria en el país, lo que ha generado profunda preocupación entre sus trabajadores y en el sector agrícola del país.
Así lo manifestó, Rosalva Calva, secretaria general del STINCA Rural, quien agregó que junto con Conaza y Firco, otras dos dependencias sectorizadas en Agricultura, se encuentran en proceso de liquidación, siendo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) el organismo liquidador.
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Los empleados del INCA Rural, si bien se les informó sobre su liquidación, “mantienen el deseo de conservar sus empleos y seguir contribuyendo al desarrollo rural de México”, dijo Calva.
“Es importante que se sepa que el Instituto ha sido fundamental en la implementación de estrategias de desarrollo de capacidades para productores en zonas rurales, formando técnicos y desarrollando metodologías especializadas para la capacitación de adultos mayores y campesinos”, precisó la secretaria general del STINCA Rural.
A pesar de contar con un presupuesto anual de 36 millones de pesos y operar a través de convenios que potencian su trabajo, el INCA Rural ha sido objeto de reestructuraciones que lo han reducido a su mínima expresión. Además, ostenta la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral (SINACATRI) y es Entidad de Evaluación y Certificación, lo que no ha sido suficiente para evitar su cierre.
Los trabajadores del INCA Rural señalaron que el Instituto podría ser un elemento clave para alcanzar las metas de soberanía alimentaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero consideran que no se le ha dado el valor que merece.
La estrategia gubernamental para la atención al campo se centrará en un enfoque territorial, supliendo el trabajo del INCA con “escuelas de campo”, medida que los expertos del Instituto califican como improvisada ante la experiencia y metodologías consolidadas del INCA Rural.
El cierre del INCA Rural no solo representa la pérdida de empleos para sus trabajadores que llegó a tener 500 trabajadores sindicalizados, sino que también plantea serias interrogantes sobre quién asumirá la importante función pública de capacitación y desarrollo de capacidades en un sector estratégico para México.
“La liquidación del Instituto dejará un vacío en la atención a las comunidades rurales y podría comprometer el avance de la producción agrícola en el país”, dijo a El Economista la líder sindical.
Los primeros grupos de trabajadores saldrán este mismo mes, mientras que el resto seguirá luchando hasta el final.
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