Industria de autopartes ve posible la jornada de 40 horas… pero en cinco años

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México, como cuarto productor mundial de autopartes , enfrenta un desafío estructural ante la propuesta del Gobierno Federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La medida, impulsada como parte de una agenda de justicia laboral, choca con la alta dependencia del sector en esquemas de producción continua y mano de obra intensiva. La Industria Nacional de Autopartes (INA) estima que la transición hacia una jornada más corta podría ser viable, pero sólo si se realiza de forma escalonada durante un periodo no menor a cinco años. “Buscamos incorporar esquemas diferenciados y flexibles por sector y tamaño que permitan una gradualidad de cinco años en la reducción de la jornada, así como incluir medidas compensatorias, productivas y tecnológicas”, explicó Gabriel Padilla, director del organismo.

Además de la complejidad operativa, la coyuntura económica representa otro factor de preocupación para el sector. “La implementación debe llevarse a cabo considerando la actual desaceleración de la economía mexicana y el riesgo de una recesión económica en puerta”, advirtió Padilla. En este contexto, la industria pide que se privilegie un enfoque técnico por encima de decisiones políticas. El representante de la INA también solicitó que cualquier reforma laboral considere la realidad operativa del sector automotriz, que trabaja bajo esquemas de producción ininterrumpida y exigencias estrictas de entrega. “La discusión debe ser técnica, responsable y sectorial, y se debe reconocer las características del sector automotriz, sobre todo las líneas de producción continua 24/7, los esquemas de just-in-time y el cumplimiento estricto que tenemos en las cadenas globales del sector”, agregó. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) coincide en que la reducción de la jornada laboral debe aplicarse gradualmente y, de ser posible, postergarse hasta después de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para la segunda mitad del año. “Con la coyuntura que traemos ahorita y sin tener claro cómo va a quedar esa revisión del tratado que tiene un componente laboral, pues es difícil para las empresas ir haciendo planeaciones”, afirmó Odracir Barquera, director del organismo. La AMIA ha planteado que la medida debe ir acompañada de modificaciones legales para flexibilizar la operación mientras se concreta la transición. Una de sus propuestas es ampliar el tope de horas extras permitido. “Nosotros planeamos que fuera un número mayor, de 15 horas por lo menos, a la semana, con flexibilidad de uso, que no estén restringidas, para que podamos también acompañar la transición y el cambio”, comentó Barquera. Actualmente, la legislación permite hasta tres horas extras diarias por un máximo de tres días a la semana. El sector automotriz considera que ese límite resulta insuficiente para mantener el ritmo de producción, sobre todo en fábricas que operan a máxima capacidad para abastecer a clientes internacionales bajo contratos rigurosos. Otro de los planteamientos del sector es que la reforma venga acompañada de incentivos fiscales o ajustes en las cargas sociales. Barquera propuso que se revisen las prestaciones obligatorias y deducciones para que las empresas puedan amortiguar el impacto económico. “La medida debe estar acompañada de mayores deducciones de las prestaciones sociales que se pagan a los empleados”, sugirió. A la par, la AMIA y la INA seguirán participando en las mesas de diálogo con la Secretaría del Trabajo y el Congreso de la Unión, con el objetivo de que sus propuestas se tomen en cuenta en el diseño de la reforma. “La industria se mantendrá impulsando estas propuestas en los diálogos sostenidos tanto con la Secretaría del Trabajo como con el Congreso”, dijo Barquera. La resistencia del sector no es una negativa absoluta, sino un llamado a la planeación estratégica. La industria reconoce los beneficios sociales de una jornada más corta, pero insiste en que su implementación sin un diagnóstico técnico podría generar disrupciones en una de las cadenas productivas más complejas del país. Para una industria que emplea a más de 900,000 trabajadores y genera más de 100,000 millones de dólares anuales en valor de producción, cualquier ajuste en las condiciones laborales requiere una planeación que equilibre derechos laborales con viabilidad operativa. La reducción a 40 horas semanales parece alcanzable, pero sólo si se traza una ruta clara y con plazos realistas.

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