Tribunales especializados en telecomunicaciones
El pasado 1 de junio, por primera vez en la historia la ciudadanía votó directamente para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados, incluidos los de Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
El proceso estuvo marcado por un altísimo abstencionismo. Apenas 13 % (84,266 sufragios) de los empadronados eligieron a los ministros de la SCJN y una cantidad similar, 12.92 % (83,974 votos), para designar a los jueces de los tribunales colegiados.
Lo que está en juego no es el relevo burocrático, sino el control sobre el Poder Judicial y la concepción de justicia: ¿debe impartirse conforme al ideal romano (con más de 2000 años de historia jurídica en Occidente) de “dar a cada quien lo que merece”? Por el contrario, ¿la justicia se supeditará a la “voluntad del pueblo”, al designio mayoritario de quien elige y nombra a los nuevos jueces?
La respuesta, al menos en el discurso, parece inclinarse hacia el populismo. Hugo Aguilar Ortiz, electo presidente de la SCJN por voto popular (6.2 millones de sufragios, 5.3%), proclamó que “será una SCJN de todas y todos. La Corte estará cercana a la ciudadanía, al pueblo, y cumplirá su mandato constitucional para dar certeza a todas y todos. Llegó el día en que el pueblo manda. Llegó el día en que los pueblos pueden decidir”.
Sin embargo, quienes seguimos de cerca el devenir de la justicia especializada en competencias técnicas sabemos que, particularmente en los ámbitos de telecomunicaciones y radiodifusión, el modelo romano no puede enterrarse tan fácilmente con menos de 85,000 papeletas.
Los jueces y magistrados de estas materias requieren, independientemente de la “legitimidad democrática”, las virtudes clásicas de la tradición romana: vivir honestamente, no causar daño a otros, darle a cada quien lo suyo, ser independientes e imparciales, ostentar autoridad judicial, ejercer la diligencia (estudiar a fondo cada asunto) y garantizar eficacia, celeridad y plenitud judicial (es decir, resolver el conflicto en su totalidad).
El sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión es uno de los más litigiosos y técnicamente complejos del país. Según los informes trimestrales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre septiembre y diciembre de 2013 el IFT heredó de la extinta Cofetel un total de 405 litigios, entre juicios de amparo, recursos administrativos y juicios de nulidad. Al primer trimestre de 2023 esa cifra ascendía a 823 asuntos. Y en marzo de 2025 aún se mantenían 638 litigios en curso.
Los principales temas que ha dirimido el Poder Judicial son desacuerdos de interconexión, preponderancia, lineamientos, regulación asimétrica, sanciones, prórroga de concesiones, controversias constitucionales y muchos otros asuntos como la banda de 2.5 GHz y la Televisión Digital Terrestre.
La mayoría de las resoluciones (incluidas las más relevantes como controversias constitucionales y juicios de amparo) han recaído en el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales especializados o la SCJN, porque los agentes regulados no se quedan conformes con las decisiones del regulador.
Es de esperar que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones no sólo herede los expedientes no resueltos por el IFT, sino que se sumen nuevos litigios derivados de la incertidumbre jurídica que introducirá la nueva Ley Telecom recién aprobada en un periodo extraordinario de sesiones.
La lógica de someter a sifón electoral los órganos judiciales pretende acercar la justicia a la ciudadanía, pero se enfrenta a varios riesgos. Con menos de uno de cada siete ciudadanos participando, ¿puede llamarse “voluntad popular” un proceso que decide claves judiciales especializadas con un respaldo efectivo de apenas 13 % del padrón?
Lo más riesgoso es el populismo judicial. Al estar los jueces y magistrados sujetos a la aprobación del electorado, crece la presión para emitir resoluciones “populares” en lugar de decisiones técnicas, imparciales y agnósticas.
Los tribunales de competencia y telecomunicaciones requieren conocimientos profundos en ingeniería de redes, economía de mercados, regulación y actualización constante. El populismo judicial ya desplazó a los juristas que estaban preparados desde que la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013 creó dichos tribunales especializados.
Para evitar el desvío hacia el populismo judicial, los nuevos jueces deberán abrazar los principios del derecho romano. Más allá de la especialización técnica, la justicia especializada demanda independencia e imparcialidad: no estar supeditados a intereses partidistas o corporativos. Diligencia y profundidad: estudiar con rigor pericial cada aspecto económico y técnico. Celeridad y plenitud: asegurar resoluciones prontas, completas y resistentes a amparos sucesivos.
De los 26 candidatos propuestos por el Senado, quedaron 14 aspirantes para integrar los tribunales colegiados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Ninguno alcanzó un porcentaje significativo, lo cual pone en entredicho la fuerza del “mandato popular”.
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La renovación por voto popular de los tribunales especializados puede ser positiva si se prioriza la excelencia técnica, exigiendo formación y experiencia en economía, ingeniería, regulación y aspectos periciales. Si se protege la independencia judicial, al evitar renovaciones anticipadas o adscripciones arbitrarias que socaven la estabilidad de los jueces. Si se refuerza la transparencia, al publicar sentencias fundamentadas, periciales y motivaciones plenas para contrarrestar la opacidad. Si se evalúa el desempeño: midiendo celeridad, cumplimiento de objetivos regulatorios y calidad de las resoluciones.
La justicia en materias de competencia económica, radiodifusión y telecom no tolera impulsos populistas ni decisiones políticas. Su complejidad técnica y el interés público que protege exigen magistrados que encarnen las virtudes de la justicia desde tiempos inmemoriales: honestidad, imparcialidad, diligencia y eficacia.
El experimento de la elección judicial fue un fracaso en sí mismo. Pero ofrece la oportunidad de restaurar salvaguardas que garanticen la calidad y la legitimidad técnica (no populista) de las sentencias: proteger los derechos fundamentales y a quien le asista la razón en uno de los sectores más estratégicos del país. Con togas manchadas de tinta, no de consignas, los nuevos jueces especializados en telecom reconstruirán una legitimidad que el abstencionismo erosionó.
