Proponen cobrar impuesto a viviendas vacías y poner “tope” a Airbnb en Jalisco

Como parte de las propuestas para frenar la especulación inmobiliaria y la gentrificación en Jalisco, la diputada Mariana Casillas Guerrero (partido Futuro) ha presentado dos iniciativas de reforma para cobrar un impuesto a las viviendas desocupadas y limitar el uso de inmuebles en plataformas como Airbnb.
De acuerdo con la legisladora, los gobiernos de la región han impulsado la inversión en bienes raíces con un impacto directo en la calidad de vida de la población, lo que ha dado como resultado 450,000 viviendas vacías en todo el estado, al mismo tiempo que en Guadalajara hay 95,000 familias en busca de un hogar asequible.
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“Movimiento Ciudadano ha gobernado Guadalajara como si fuera una marca. Han hecho del territorio una vitrina para la inversión y del Estado su promotor inmobiliario. Han celebrado la turistificación como si fuese desarrollo, ignorando que detrás de ello hay familias desplazadas y aumentos en rentas”, comentó la diputada en conferencia.
Es en este contexto en el que Casillas presentó dos propuestas para hacer contrapeso a la especulación inmobiliaria mediante una reforma al Código Civil de Jalisco, con la que se adicionaría el capítulo 4to sobre alojamiento temporal y plataformas digitales. Así mismo, se propone una reforma a la Ley de Hacienda Municipal del estado para gravar las viviendas deshabitadas.
Impuesto a inmuebles deshabitados
Juan Pablo Martínez, integrante del Órgano Técnico de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso de Jalisco, explicó que una de las reformas propone un recargo de 100% al impuesto predial a aquellas viviendas que cuenten con condiciones de habitabilidad inmediata, pero que hayan permanecido desocupadas de forma continua y sin causa justificada por un plazo superior a un año.
A menos que los propietarios puedan justificar que su inmueble esté deshabitado por un traslado temporal a causa de compromisos laborales, académicos o de salud; litigios judiciales; o sea vivienda popular, se cobrará el impuesto.
Para personas físicas, aplicará siempre que sean dueños de más de tres casas deshabitadas; mientras que las empresas inmobiliarias serán sancionadas desde el primer inmueble vacío.
Límites a Airbnb
Entre las propuestas para evitar la gentrificación y controlar el precio de la vivienda, Casillas busca también una reforma para limitar el uso de inmuebles en plataformas como Airbnb a 180 noches al año, similar a lo que se aprobó en la Ciudad de México en el 2024.
“Los inmuebles de uso habitacional que no tengan antigüedad igual a mayor a cinco años no podrán registrarse en plataformas de alojamiento temporal. Es decir, todas las nuevas viviendas que se construyan para rentar en Airbnb para el mundial no podrán ser utilizadas de tal manera”, afirmó Martínez.
Además, se impondrán restricciones en áreas de alto impacto turístico, así, las casas y departamentos en colonias como La Americana, Moderna y Obrera podrán alquilarse solo 90 noches al año.
Y es que, según la diputada Casillas, se estima que una de cada tres viviendas en la colonia Obrera es utilizada para rentas turísticas a través de Airbnb, lo que disminuye la cantidad de inmuebles en renta tradicional para habitantes locales.
Las sanciones por incumplimiento de estas reglas serían multas de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para propietarios, y de 100 a 1000 UMAS para plataformas.
“Con lo recaudado se crearán fondos municipales para la vivienda social y el financiamiento de políticas públicas. Lo que buscamos no es regular a los pequeños propietarios que ponen un departamento o una habitación extra, sino a los grandes tenedores que generan torres enteras”, sostuvo Martínez.
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