Tribunal de Colombia suspende decreto del presidente Petro que convoca a consulta popular
El Consejo de Estado de Colombia suspendió el miércoles un decreto del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular y reformar la legislación laboral, argumentando la falta de autorización del Senado.
La convocatoria del mandatario, denominada como el “decretazo” por la oposición, desató tensión política con el Congreso en donde legisladores la calificaron como un golpe de Estado, un abierto desafío a la institucionalidad y a la separación de poderes.
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Senado de Colombia aprueba reforma laboral en medio de tensiones políticas con Petro
“Se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, dijo la decisión del tribunal encargado de resolver conflictos entre particulares y entidades estatales.
El Senado aprobó el martes una reforma laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores en medio de la tensión con Petro, que previamente convocó por decreto a la consulta para buscar en las urnas el apoyo de los ciudadanos a su iniciativa.
Petro admitió la posibilidad de retirar su convocatoria a la consulta si la reforma laboral aprobada supera un proceso de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes que beneficie a los trabajadores.
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“El Congreso tiene su última palabra”, dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta de X en el que reiteró que el pueblo es “el verdadero dueño del poder”. El Senado negó dos solicitudes de Petro para convocar a una asamblea popular con las que el mandatario buscaba reformar el sistema laboral y el de salud.
La reforma laboral aprobada aumentará de un 75% al 100% el recargo por trabajo dominical o en festivos, garantizará seguridad social a los trabajadores de plataformas de reparto, incrementará los recargos para los empleados a partir de las 7 de la noche y promoverá la contratación formal.
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Petro asumió en agosto del 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia del país prometiendo impulsar reformas económicas y sociales para reducir la pobreza y la desigualdad en el país sudamericano de 50 millones de habitantes.
Pero la mayoría de sus propuestas sociales han sido rechazadas o aprobadas con dificultad en el Congreso, en donde no cuenta con el suficiente apoyo en un escenario de polarización política a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales para elegir a su sucesor.
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