En México, 40 millones de jóvenes enfrentan desigualdades estructurales

Hoy las juventudes son una de las poblaciones más diversas, dinámicas y estratégicas en nuestro país y al mismo tiempo enfrentan desigualdades estructurales que limitan su acceso a las oportunidades y a sus derechos, especialmente en contextos rurales, indígenas, afrodescendientes, o marcados por la pobreza y la violencia. Se trata de 40.1 millones de personas entre 12 y 29 años que representan el 30.1% de la población total (Conapo, 2024). “Es un bono demográfico importante que hay que poner en valor y por el que hay que luchar y expresarse”, aseguró Lorenzo Jiménez Ruiz, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

Este martes se presentó el Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes (IDHJ) en México: Retos y caminos hacia un futuro inclusivo, un documento que consagra en su contenido algo tan importante como lo es la juventud.

México se encuentra en una etapa crítica de su dinámica demográfica pues la población joven va disminuyendo y la adulta va creciendo. “Esta oportunidad demográfica no se va a volver a repetir jamás por ello se considera de vital importancia invertir en las juventudes, para así garantizar la sostenibilidad social y económica de nuestro país. Este informe está destinado a mover las decisiones políticas que se orienten hacia un capital social innegable”, dijo Bárbara Miranda, asociada de Programas de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Perfil de la juventud mexicana

En México, el 37.5% de la población joven se encontraba en situación de pobreza en 2022 (Coneval, 2025), 2.1 millones de personas jóvenes hablan una lengua indígena, un 5.7% del total; 773 mil se identifican como afrodescendientes (2%), y 2.6 millones (8.5%) viven con alguna discapacidad, limitación o condición mental (Inegi, 2021). Esta diversidad de identidades, culturas y condiciones de vida genera desafíos y oportunidades diferenciadas en el acceso a educación, empleo y salud, que son los principales componentes de estudio de los IDH del PNUD.

Pero medir sólo esto no es suficiente. “Es un informe con una metodología extremadamente rigurosa, que apela a los paradigmas del Informe de Desarrollo Humano de ingreso, educación y salud. Pero en este caso también se ponen de manifiesto cuestiones de interés e impacto para la juventud como acceso a la vivienda, al trabajo digno o a internet”, dijo Jiménez. Por ello se requirió además del acompañamiento técnico de instituciones nacionales y sus fuentes oficiales, como el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

De entrada los resultados del informe muestran que el Índice de Desarrollo Humano de las Juventudes (IDH-J) para México en 2022 se encuentra en 0.71 (nivel alto), por debajo del IDH general calculado para México, de 0.78 (PNUD, 2024). La mayor brecha se observa en Chiapas, donde el IDH-J es de 0.61 (nivel medio), lo que refleja condiciones significativamente menos favorables para las juventudes de esa entidad.

Existen 14 entidades que se encuentran en las categorías de desarrollo medio y 18 entidades en la categoría de alto. Esto significa que más de 16.6 millones de jóvenes viven en un estado con IDH-J medio, mientras que 23.6 millones en estados con IDH-J alto. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo y Durango, presentarán condiciones más complejas.

Persiste desigualdad entre terrritorios

Estas diferencias territoriales reflejan que el desarrollo de las juventudes en México no solo está marcado por desigualdades entre estados, sino también por brechas internas dentro de cada entidad, donde los avances en ciertas dimensiones pueden no estar acompañados de mejoras en otras.

Por ejemplo, Chiapas presentó los menores niveles tanto en educación como en ingresos, evidenciando una intersección crítica de desigualdades estructurales. Por otro lado, Zacatecas se ubica como el estado con el nivel más bajo en la dimensión de salud, resultado en gran parte por sus altas tasas de muertes violentas entre las juventudes. En contraste, Nuevo León destaca con el mayor desarrollo en la dimensión de ingresos, presentando valores elevados en cada uno de los indicadores de esta dimensión, en los que se incluye una de las tasas de informalidad de empleo en personas jóvenes más bajas en el país (35.8%). No obstante, en entidades como la Ciudad de México (69.5%) y Campeche (50.6%), que se encuentran entre los de mayor desarrollo en esta dimensión, la informalidad en el empleo juvenil sigue siendo considerablemente alta, lo que sugiere que los ingresos promedio elevados no necesariamente se traducen en condiciones de formalidad o estabilidad en el empleo para las juventudes.

El análisis de cada dimensión del IDH-J también revela que el avance en un área del desarrollo humano no siempre se traduce en mejoras en otras dimensiones. Colima, por ejemplo, ocupa la séptima posición en educación, pero el penúltimo lugar en salud, debido a las altas tasas de muertes violentas que afectaron a las juventudes en 2022. Un caso similar se observa en Veracruz, que presenta el tercer mejor nivel en salud, impulsado por las bajas tasas de accidentes y fecundidad adolescente, pero se encuentra en el lugar 27 en educación, con uno de los peores resultados en años de escolaridad y acceso a internet en el hogar.

Jóvenes desaparecidos

Un apartado que llama fuertemente la atención en este análisis es el impacto de las desapariciones forzadas. Lo marcan como un elemento fundamental a visibilizar pues en México la desaparición de personas jóvenes ha alcanzado dimensiones críticas. Los registros oficiales señalan que hay más de 115 mil personas desaparecidas acumuladas históricamente —casi la mitad de ellos ocurridos sólo desde 2019—, y donde la mitad de ellas se encuentra entre los 12 y los 29 años (Comisión Nacional de Búsqueda, 2025). En el caso de los hombres, la mayor parte de las desapariciones ocurre entre los 20 y 34 años, con más de 40 mil casos registrados. Estas desapariciones suelen estar asociadas con dinámicas de violencia organizada, reclutamiento forzado, criminalización o conflictos territoriales. En contraste, las mujeres tienden a desaparecer a edades más tempranas: el grupo de 15 a 19 años representa el mayor riesgo, con alrededor del 22% del total de desapariciones.

El estudio analiza otros datos como fecundidad adolescente, escolaridad, acceso a tecnologías, ingreso disponible después de costos de vivienda, barreras económicas, brechas territoriales, y entre otros factores. “Tenemos un grupo que es real, está presente y es innegable en México. Es cierto que empezamos a notar señales que invitan a pensar que el bajo nacimiento y el envejecimiento de la población es un hecho y que si no actuamos con el bono demográfico los resultados pueden ser catastróficos (…) Aunque no quiero sonar alarmista o fatalista, si no se hacen bien las cosas, lo más probable es que un tercio o la mitad de esta población, pasen a engrosar las filas de los pobres y desiguales de este país, todo dependerá de cómo se hagan las cosas”, recalcó Jiménez.