Disensos en el SNA

Tres meses y medio tiene acéfala la secretaría técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, vacante por la renuncia de Roberto Moreno Herrera. El pleno del Comité Ciudadano de esa instancia también está incompleto y cumplirá medio año con apenas tres integrantes.

Al borde de la inoperancia, ese mecanismo de articulación de los esfuerzos institucionales para combatir al principal flagelo que afecta al servicio público enfrenta la disyuntiva de normalizar sus funciones… o desaparecer. Entre quienes se inclinarían por esta segunda opción estaría María de la Luz Mijangos Borja, titular de la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción fiscal.

El pasado 12 de mayo, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Vania Pérez Moreno, convocó a la integración de la terna para seleccionar al sustituto de Roberto Moreno Herrera, quien renunció el 28 de febrero. La legislación vigente otorga a la presidencia del Órgano de Gobierno del SNA potestad para presentar la terna seleccionada por el Comité de Participación Ciudadana. La primera sesión del 2025 de esa instancia —obligada a reunirse al menos cuatro veces al año— ocurrió el 7 de febrero y tuvo entre sus asistentes a la secretaria Raquel Buenrostro.

Con la reforma constitucional llegó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y salió el titular del Inai. El órgano está completo con los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la representación del Consejo de la Judicatura Federal.

En la resolución de asuntos, no hay preeminencia de las instancias. Y en caso de empate, el presidente en funciones del Órgano de Gobierno tiene voto de calidad. Este martes, al mediodía, sesionarán los integrantes del Órgano de Gobierno y la fiscal Mijangos estaría a favor de retirar la terna y reponer el proceso de selección.

Las reservas de la fiscal Mijangos se han materializado en una denuncia presentada ante el OIC —72264/2025— contra Rafael Martínez Puón, uno de los tres integrantes del Comité Participación Ciudadana, por haber intervenido en la selección de los candidatos, sin manifestar su conflicto de interés.

Con más de dos décadas de experiencia en la formación de servidores públicos, Martínez Puón actualmente funge como coordinador académico del Instituto Nacional de Administración Pública. Dos integrantes de la terna —José Alberto Reyes Fernández y Martha Patricia Aguilar Espinosa— imparten clases en la Escuela de Profesionalización del INAP y serían sus subordinados, de acuerdo con la denuncia. “Jaime Adrián Cerdio Moisés también es recomendado de Martínez Puón”, sostiene el escrito sin presentar mayores evidencias.

En la denuncia se refiere al proceso de selección de Moreno Herrera, completado hace tres años. El CPC tenía cinco integrantes y su entonces presidente, se excusó de votar la terna e inclusive no fue parte del órgano de gobierno para no caer en un conflicto de interés.

Emplazados a retirarse voluntariamente de sus posiciones por el encargado de la dirección de Administración, interpusieron una denuncia ante el Órgano Interno de Control por presunto abuso de poder.

En ese nuevo paquete de renuncias, Claudia Lizeth Moreno —quien fungía como representante de la SABG ante la SESNA— y Dionisio Zabaleta, director general de Riesgos e Inteligencia Anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción, causaron baja. Una tercera oleada de despidos ocurrió el 2 de abril; esta vez, instrumentada por José Antonio Hernández Aguirre y Rigoberto Martínez Becerril, quienes actuaron presuntamente por instrucciones de la Fiscal Especializada, María Luz Mijangos

Los señalamientos más graves versan sobre las titulares de la Unidad de Política Pública, Paulina Vallejos Escalona, y de la Plataforma Digital Nacional, Nancy Camacho Díaz. Entre los emplazados a renunciar están: Ricardo Baeza Santana titular de la Unidad de Transparencia; Jorge Alejandro Acevedo Piña, director general de Fomento de la Cultura de la Integridad, y Martínez Becerril, director general de Asuntos Jurídicos.

Efectos secundarios

ALIANZAS HUASTECAS. La política potosina se ha convertido en un tablero de piezas alineadas al proyecto de Ricardo Gallardo Cardona. Recientemente, el cumpleaños del secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez Lara, reunió a miembros del gabinete estatal, pero más que un festejo, sirvió como un recordatorio de las alianzas que operan en la huasteca. Con su hijo en la dirección del INREVIS, los Sánchez se han transformado en operadores de confianza del mandatario, quienes ya trabajan con una visión de largo plazo: las elecciones del 2027. El Partido Verde tiene claro su objetivo: retener la gubernatura y su carta fuerte es la senadora Ruth González Silva. La presión interna para apoyar este plan no distingue jerarquías ni antigüedad laboral; incluso los empleados de base podrían enfrentar consecuencias si no se alinean. En su afán de conservar el poder, el PVEM estaría dispuesto a negociar diputaciones federales con figuras clave de Morena… ¿Y qué opinará la secretaria Rosa Icela Rodríguez al respecto?