Cambios a la Ley Telecom: pasos con sombras

Ya circulan 13 cambios o reservas a la minuta de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por primera vez desde que la 4T gobierna, el Congreso logró escapar de la polarización ideológica que ha caracterizado las discusiones legislativas, enfrentándose a un debate técnico sustentado en datos, experiencia internacional y mejores prácticas. Este cambio merece el reconocimiento al Senado para escuchar, procesar críticas y realizar modificaciones a la minuta.

Las reservas atienden varios puntos que generaron controversia en el debate público. La eliminación de los artículos 201 y 202, que establecen autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos extranjeros, es un triunfo para la libertad de expresión. Igualmente importante es la supresión del artículo 109, que facultaba el bloqueo de plataformas digitales, una medida que hubiera constituido un peligroso precedente de censura estatal.

La nueva arquitectura institucional también muestra madurez política, aunque es un retorno al pasado. La división de las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones quedaría en tres entes: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para política pública; la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) como regulador desconcentrado de la ATDT con 5 comisionados, independencia técnica, operativa y de gestión; y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para competencia económica, preponderancia y regulación asimétrica. La reingeniería busca equilibrar la eficiencia ejecutiva con controles especializados.

El restablecimiento del principio de neutralidad competitiva es otro cambio: obliga al Estado a participar en igualdad de condiciones en concesiones comerciales, lo cual responde a compromisos internacionales del T-MEC. “Si el Estado quiere prestar servicios a los usuarios finales debe obtener una concesión de uso comercial, participar en igualdad de condiciones que los particulares mediante licitación pública y pagar la contraprestación correspondiente.”

La exención de pagos de espectro para operadores comunitarios, indígenas y afromexicanos, junto con los descuentos por obligaciones de cobertura, reconoce que la conectividad es una herramienta de inclusión social, con 16 millones de mexicanos sin acceso a conectividad.

Sin embargo, varios puntos controvertidos permanecen sin resolución satisfactoria. La concentración de poder en la ATDT, aunque matizada por la creación del regulador desconcentrado, sigue siendo preocupante. Falta un verdadero equilibrio institucional que garantice independencia técnica y deliberación colegiada en las decisiones más sensibles. La creación de la CRT es un retroceso al modelo de la extinta Cofetel que tanto se cuestionó en su momento, cuando ya se había logrado avanzar hacia un regulador independiente de quinta generación.

Tener una CRT es mejor que no tener nada (como era la propuesta original), pero no hay que quitar el dedo del renglón de que la autonomía sigue siendo superior a la subordinación política. El regulador de la tecnología debe tener la capacidad de tomar decisiones técnicas, tener un nivel profesional y no político, enfoque holístico, contar con un consejo con representantes de diversos sectores, ser transparente en sus metodologías y su regulación no ser propagandística ni política, sino agnóstica.

La regulación de la neutralidad de la red no establece con claridad los lineamientos que garanticen un Internet abierto y no discriminatorio. En un mundo donde las plataformas digitales concentran poder de moderación y económico, esta ambigüedad es riesgosa.

El tema de los datos personales constituye la mayor preocupación. La creación del registro de usuarios móviles abre temores sobre invasión de la privacidad y potencial vigilancia estatal. Estos sistemas, una vez implementados, tienden a expandir sus usos más allá de los propósitos originales.

Lo que verdaderamente está en juego trasciende los aspectos técnicos de la regulación. México necesita una ley que tutele el amplio sector de la infraestructura digital con auténtica visión de Estado. Las Tecnologías de la Información y Comunicación, la banda ancha e Internet son herramientas transversales para el ejercicio de derechos fundamentales y palancas esenciales para el desarrollo nacional.

La ley debe mirar al futuro y construir las bases de un Estado, sociedad y economía verdaderamente digitales. Esto significa ir más allá de regular operadores tradicionales para anticipar los retos de la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes, la economía de datos y otras tecnologías emergentes. Significa fortalecer con visión de futuro las capacidades regulatorias del Estado para supervisar un ecosistema digital complejo y cambiante, cuya materia prima es la innovación.

Es justo reconocer que, por primera vez, Morena, la Cuarta Transformación, el gobierno y el Congreso se enfrentaron a un debate técnico y no ideológico, a datos y no a consignas, a experiencia y buenas prácticas internacionales y no a buenas intenciones sustentadas en ignorancia.

La capacidad del Senado para procesar críticas técnicas, modificar la propuesta original y generar consensos mínimos demuestra que es posible hacer política pública cuando se privilegia el conocimiento especializado sobre la confrontación ideológica.

Las reservas a la nueva Ley Telecom distan de ser perfectas, pero son un avance respecto de la propuesta original, por demás regresiva y autoritaria. Los cambios atienden algunas preocupaciones sobre censura, libertad de expresión, independencia regulatoria y neutralidad competitiva. Sin embargo, los puntos controvertidos que persisten (concentración de poder, neutralidad de la red, preponderancia por sector y no por servicio, protección de datos) requieren una segunda revisión, para que la iniciativa no sea otra oportunidad perdida.

La verdadera prueba de fuego de la reforma no está en su aprobación (Morena tiene la mayoría de votos en el Congreso), sino en su conversión en una política pública de Estado, su visión de país digital, su rigor técnico y en la capacidad de las nuevas instituciones para servir al interés público de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales a través de las tecnologías, en lugar de atender intereses políticos o económicos.