Plásticos de un solo uso en CDMX: promesa que se diluye entre charolas de unicel

En 2020, la Ciudad de México dio un paso firme hacia la sustentabilidad con la implementación de la política Basura Cero, que prohibió bolsas, utensilios y empaques plásticos de un solo uso. Para enero de 2021, la normativa ya prohibía la comercialización, distribución y entrega de productos como charolas de unicel, vasos, tapas, popotes, cucharas y cápsulas de café no compostables, bajo la reforma del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos.

A la par, se publicó la Norma Ambiental NACDMX-010-AMBT-2019, que establece las especificaciones técnicas para que un producto plástico sea considerado compostable y por ende, legal en la capital. La intención era clara: fomentar la economía circular y reducir de forma significativa los residuos no reciclables.

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Sin embargo, a pesar del marco legal y los lineamientos técnicos, hoy basta recorrer algunos mercados, fondas o cocinas económicas para notar que los plásticos prohibidos están de regreso.

El regreso silencioso del unicel

Durante un recorrido por colonias como Mixcoac, Granjas México y Del Valle, es común ver nuevamente charolas de unicel, cucharas de plástico delgadas y bolsas que no cumplen con la norma. Muchos establecimientos populares, en especial cocinas económicas, han vuelto a utilizar estos materiales no porque ignoren la ley, sino porque enfrentan desafíos estructurales para cumplirla.

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión. En nombre de la higiene y la seguridad sanitaria, muchos negocios retomaron el uso de plásticos desechables. Aunque estudios posteriores desmintieron la eficacia de estas medidas frente al virus, la cultura del usar y tirar volvió con fuerza. Para muchas fondas, las alternativas compostables eran caras, escasas o simplemente inexistentes en su zona.

Los retos de cumplir con la ley cuando se vive al día

No es lo mismo operar un restaurante con margen de inversión que una cocina que subsiste con ventas de menú del día. Las opciones compostables autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) son costosas y no siempre están al alcance de negocios pequeños. Hasta ahora, solo siete empresas cuentan con la autorización oficial para comercializar estos productos en la ciudad. En esta ecuación, la ley se ve bien en el papel, pero tropieza en la práctica.

Aunque la SEDEMA e INVEA han llevado a cabo inspecciones —más de 2,900 establecimientos verificados y más de 70,000 sanciones aplicadas hasta la fecha— la fiscalización sigue siendo desigual. En zonas céntricas o corporativas hay mayor vigilancia, mientras que en barrios populares los operativos escasean y la falta de información persiste.

No se trata de culpar a quienes resuelven con pocos recursos lo que el sistema aún no logra facilitar. Las fonditas, cocinas populares y puestos callejeros son parte esencial de la cadena alimentaria y de la vida cotidiana en la ciudad. Pero para que el plan Basura Cero tenga impacto real, es necesario ofrecer soluciones diferenciadas y asequibles que respondan a sus contextos.

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