Siete de cada 10 personas reprueban certificación antilavado de la CNBV
A una década de su implementación, la certificación antilavado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantiene una alta tasa de reprobación: apenas tres de cada 10 personas la aprueban. No obstante, ha fortalecido la comprensión normativa del sector financiero y ahora enfrenta el reto de adaptarse para incorporar mejor el enfoque de financiamiento al terrorismo.
El proceso de certificación de la CNBV consiste en una evaluación que constate que el personal de las entidades financieras sujetas a la supervisión de esta autoridad cuenta con los conocimientos en materia antilavado conforme a altos estándares internacionales para el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con cifras obtenidas por este medio, desde el 2015 a la fecha, la CNBV ha aplicado 22 evaluaciones, con 19,699 participantes y solo 6,504 aprobaciones, lo que representa una tasa de éxito del 33 por ciento.
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Para especialistas consultados, el alto índice de reprobación de la certificación se debe a la complejidad de la evaluación, lo cual se conjuga, en muchos casos, con la poca preparación que se tiene para aprobar el examen.
“Es un examen muy complejo, teórico y extenso, con mucha información en donde si no se preparan con el suficiente tiempo, la posibilidad de aprobación es mucho más baja”, indicó Jessica Núñez, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo.
Actualmente, la certificación sólo es obligatoria para auditores que elaboren informes de auditoría antilavado de las instituciones financieras; oficiales de cumplimiento de transmisores de dinero y centros cambiarios, que busquen iniciar operaciones, así como los de instituciones de tecnología financiera (ITF).
Se refuerza entendimiento
Aunque la certificación no es obligatoria para todo el sector financiero, algunos sectores han avanzado más que otros. Bancos e ITF registran una cobertura cercana a 90% en oficiales de cumplimiento certificados, mientras que centros cambiarios, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple Entidades No Reguladas (sofomes ENR) muestran un rezago notable.
Así el avance de la certificación por sector (% respecto al número de entidades en operación):
- Banca múltiple – 96.1%
- Instituciones de Tecnología financiera – 93.8%
- Casas de bolsa – 88.9%
- Sociedades operadoras de fondos de inversión – 87.5%
- Almacenes generales de depósito – 86.7%
- Sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) E.R – 86.5%
- Casas de cambio – 85.7%
- Banca de desarrollo – 83.3%
- Sociedades financieras populares – 87.3%
- Transmisores de dinero – 77.3%
- Sociedades distribuidoras de fondos de inversión 66.7%
- Cooperativas de ahorro y préstamo – 61.3%
- Centros cambiarios – 54-6%
- Uniones de crédito – 53.5%
- Sofomes E.N.R. – 32.4%
- Total del sistema financiero: 45.2%
Para Elimelec Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (Asonoc), la certificación de la CNBV creó un parteaguas en todo el sistema financiero y ayudó a mejorar la interpretación y el entendimiento de las disposiciones en la materia para cada sector.
“Los oficiales de cumplimiento ahora están mucho más evolucionados en detección de alertas, interpretación de normas, están más preocupados por las listas de personas bloqueadas, en cómo mantenerlas actualizadas”, declaró Moreno.
Jessica Núñez indicó que esta certificación voluntaria que se ha visto en distintos sectores responde a un tema de negocio. “Lo vemos mucho con las sofomes, que buscan tener oficiales de cumplimiento certificados para que les mantengan sus cuentas abiertas en los bancos”.
Cambios hacia el futuro
La reciente designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos ha transformado el paradigma de cumplimiento de las instituciones financieras mexicanas, que ahora deben reforzar la vigilancia sobre el financiamiento al terrorismo para proteger sus operaciones y reputación.
En este escenario, ambos especialistas indicaron que la evaluación tendrá que reenfocarse para ponderar más la parte del financiamiento al terrorismo, pero también para tener mayor claridad en aspectos como la forma de evaluación y la información que proporcione la autoridad sobre el tema, especialmente en la próxima Evaluación Nacional de Riesgos.
“Si no se ajusta desde el marco regulatorio o desde la manera en que estamos evaluando ese riesgo (financiamiento al terrorismo), difícilmente las instituciones financieras van a tener claridad de cómo abordarlo”, detalló Núñez.
La certificación tiene una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovarse. En la actualidad, existen 2,941 personas que tienen un certificado vigente, de las cuales 1,791 corresponden a renovaciones.
En el inicio del proceso, el costo del examen era de 10,850 pesos; sin embargo, con el paso del tiempo ha aumentado y para este 2025, se prevé que sea de 17,309 pesos.
