Corte Suprema de EU evalúa freno judicial al decreto de Trump
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La Corte Suprema de Estados Unidos evaluó este jueves si un juez puede suspender a nivel nacional un decreto del presidente Donald Trump . El caso se centra en una de las órdenes más polémicas que firmó el día de su investidura, el 20 de enero, que buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes en situación irregular o con estatus temporal, como solicitantes de asilo o personas con visas.
“Las medidas cautelares exceden la facultad judicial”
El principio de ciudadanía por nacimiento está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, en vigor desde hace más de 150 años, y establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país. El decreto fue bloqueado por jueces de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington, quienes lo consideraron inconstitucional. El gobierno de Trump presentó entonces un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, para limitar la aplicación de la suspensión. La Casa Blanca solicitó que las medidas cautelares no tengan efecto más allá de las partes que presentaron la demanda ni del distrito donde se dictaron. Esta estrategia busca evitar que las decisiones judiciales frenen por completo las iniciativas presidenciales. En su red Truth Social, Trump arremetió contra los jueces federales que suspendieron su decreto. Los calificó como “jueces de izquierda radical” y afirmó que sus fallos podrían “¡conducir a la destrucción de nuestro país!”. También acusó a los magistrados de querer “asumir los poderes de la presidencia, sin tener que alcanzar los 80 millones de votos” en las urnas. Durante la audiencia, el asesor jurídico John Sauer, que representa al gobierno de Trump, defendió que “los tribunales emitieron 40 medidas cautelares universales contra el gobierno federal”. Afirmó que estas decisiones “exceden la facultad judicial (…) y perturban el delicado equilibrio constitucional de la separación de poderes”. Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo con esa postura. Consideró que si las órdenes judiciales no protegen a todas las personas afectadas, cada una tendría que presentar una demanda por separado. “Si hablamos de los cientos y miles de personas que no participaron en la sentencia del tribunal, todas tendrían que presentar demandas individuales, o una demanda colectiva. Una demanda colectiva sería algo sin sentido”, dijo. Agregó que la posición del gobierno violaría cuatro precedentes establecidos por la Corte Suprema. Aunque otros presidentes también han enfrentado suspensiones judiciales, ninguno acumuló tantas en tan poco tiempo.
“Un niño ciudadano en un estado y deportable en otro”
“El motivo es claro”, explicó Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois en Chicago, en entrevista con AFP. “Hemos visto una oleada de actividad de la administración Trump como nunca hemos visto de otro presidente”, señaló. Según Schwinn, “la administración Trump se extralimita una y otra vez y los tribunales hacen lo que hacen los tribunales, que es restringir las ilegalidades en un sistema de separación de poderes”. Los grupos CASA y ASAP, que promovieron la demanda contra el decreto de Trump, consideran que limitar la aplicación del fallo judicial resultaría absurdo, especialmente en una cuestión como la ciudadanía por nacimiento. Advirtieron que permitir la validez del decreto solo en ciertos estados afectaría gravemente la uniformidad del sistema. “Un bebé sería ciudadano de Estados Unidos y miembro de pleno derecho de la sociedad si naciera en Nueva Jersey, pero un extranjero expulsable si naciera en Tennessee”, ejemplificaron en su argumento. Ambas organizaciones sostuvieron que “la orden judicial universal en este caso preserva la uniformidad de la ciudadanía de Estados Unidos” porque “que un niño sea ciudadano no debe depender del estado donde nace”. También alertaron que si se permite restringir el alcance de los fallos judiciales, los demandantes buscarían presentar recursos en distritos que les resulten favorables, fenómeno conocido como “búsqueda de jueces”. Independientemente de lo que resuelva la Corte sobre las medidas cautelares, expertos anticipan que el fondo del asunto —la legalidad de abolir la ciudadanía por nacimiento mediante decreto presidencial— terminará ante el mismo tribunal. “Probablemente más temprano que tarde”, opinó Schwinn. Con información de AFP.
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