El Estado ‘se aferra’ a competir con Telcel y AT&T
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La mandataria Claudia Sheinbaum aplicará modificaciones a la nueva Ley de telecomunicaciones, pero decidió sostener un punto que preocupa a la industria. El Ejecutivo mantendrá dentro del dictamen los artículos que facultan al Estado competir en el mercado móvil con Telcel, AT&T y Telefónica . José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), explicó que el dictamen contará con transitorios que facultan al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el acceso de espectro radioeléctrico con la finalidad de habilitar servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. El funcionario aseguró que el acceso a las bandas espectrales se realizará “en igualdad de condiciones que una empresa privada para uso comercial”, pero no ofreció detalles sobre cómo serán esas políticas para evitar distorsiones en el mercado.
Distorsión en el mercado móvil
La decisión se enmarca luego de sostener dos foros en el Senado de la República sobre la nueva política de Telecomunicaciones, en donde la industria y especialistas enfatizaron el riesgo de que el Estado se convierta en un competidor directo de los grandes operadores y de las empresas que proveen servicios en zonas remotas. En el dictamen de Ley de Telecomunicaciones se propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) “otorgue al gobierno de manera directa, sin contraprestación, con preferencia de terceros, las concesiones necesarias de espectro”. Además, contará con una concesión que permita comercializar servicios de conectividad en todo el país, rompiendo finalmente su barrera regulatoria que solo le permitía vender conectividad en zonas remotas. Esto significa que la CFE, que ahora asume el plan de cierre de brecha digital del Estado, acceda a bandas de frecuencias necesarias para habilitar servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. “Del 26% de localidades de menos de 200 habitantes, solo una cuarta parte tiene conectividad y su gasto promedio es de 721 pesos y esto nos da un contexto de por qué los cambios que incluimos en la nueva Ley”, justificó Merino durante su exposición de cambios a la nueva política de Telecomunicaciones en la conferencia matutina del Ejecutivo. En México, la brecha digital es una realidad. Según datos de la ENDUTIH 2024, aún existían 17.1 millones de mexicanos que no pueden acceder a internet. Pero la propuesta del Ejecutivo—que tiene como origen el principio obradorista de fortalecer a las estatales como CFE frente a competidores privados—otorgaría a la compañía las facultades necesarias para competir de manera frontal en el mercado de las telecomunicaciones, sin garantías de que el servicio llegue a las localidades que más lo necesitan. Por ejemplo, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos desde el sexenio pasado tenía como misión enfocar sus esfuerzos a la habilitación de acceso a internet en zonas remotas, pero desde 2022 la empresa viró el objetivo y promovió sus servicios de conectividad en todo el país, incluidas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, donde ya hay una alta concentración de operadores. Esto trajo como resultado que a septiembre de 2024, abonara sólo 1.7 millones de usuarios, según datos obtenidos vía transparencia. Además, afectó a proyectos autogestivos de conectividad, que hasta hace poco se consideraban la única opción para que las comunidades indígenas accedieran a servicios de telecomunicaciones. Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.) es uno de estos proyectos de conectividad que comenzó a registrar una disminución en su base de usuarios y de ingresos desde 2022, cuando CFE Telecomunicaciones y Altán comenzaron a empujar tarifas de servicios móviles que son difíciles de replicar. Fernando Borjón, consultor en jefe en Access Partnership y excomisionado del IFT, consideró que el Estado debería acotarse a proveer conectividad en zonas en donde realmente no llegan los operadores comerciales e incluso mirar la posibilidad de crear un fondo de cobertura social para subsidiar servicios, equipos o plan telefónico, a las personas que realmente se encuentran impedidas de solventar gastos de telecomunicaciones. Para el especialista a pesar de que José Merino dijo que habrá condiciones de igualdad en el mercado móvil, la situación aún se mira ‘gris’ y cuestionó cómo podría el Estado garantizar un trato equitativo si a la CFE se le asignará espectro de manera directa y sin pagos por el derecho de bandas. “El Estado puede intervenir, pero no de manera general. Si de repente desbalanceas a la industria lo que va a pasar es que la vas a quebrar y la gente que tiene que invertir no va a tener confianza y no inyectará capital”, advirtió Borjón.
Cambios en el dictamen de telecomunicaciones El titular de la Agencia de Transformación Digital aseguró que el dictamen de Telecomunicaciones tendrá modificaciones, entre los cuales resaltó que las facultades de telecomunicaciones serán regidas en un ente desconcentrado de la propia Agencia. Este nuevo ente tendrá una estructura semejante al del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Contará con cinco figuras de consejeros que serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Esta propuesta mantiene el carácter técnico al político para el nombramiento de funcionarios. La integración del órgano desconcentrado se enmarca luego de sostener dos foros en el Senado de la República sobre la nueva política de Telecomunicaciones en donde la industria y especialistas enfatizaron la necesidad de crear este tipo de figura para evitar la concentración de funciones en una sola persona y con ello generar afectaciones en el sector. Otras de las modificaciones será la eliminación del artículo 109 que establecía que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la ATDT el bloqueo temporal a una Plataforma Digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas. La decisión se tomó luego de que este artículo llevara a catalogar al dictamen como una nueva forma de censura. “El artículo 109 que causó cierto malentendido se eliminará para evitar malentendidos y como lo mencionó la presidenta aquí no hay censura al contrario, una ley que promueve conectividad, que más personas puedan usar datos y expresar sus ideas”, aseguró el funcionario.
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