En un riesgo alto, comicios judiciales en ocho entidades

A un menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones del Poder Judicial, el Observatorio Electoral Judicial alertó sobre la posible intromisión del crimen organizado en este proceso en específico, ello ante las denuncias que recientemente se hicieron de candidaturas con posibles afinidades a organizaciones criminales.

A través de su decimosegundo informe, diversas organizaciones integrantes de este observatorio también analizaron y resaltaron los riesgos de violencia en las elecciones judiciales, es especial por el hecho de que las elecciones judiciales carece del tinte político de elecciones anteriores en el país, por lo que “resulta preocupante que la violencia se convierta en un elemento más a considerar”.

En este contexto, se recordó que la organización México Evalúa, integrante de este observatorio publicó un análisis en el que encontró que de las 19 entidades federativas que tendrán elecciones de jueces tanto estatales como federal, ocho de ellas presentan altos niveles de riesgo de violencia político criminal: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz.

Y es que según lo observado por la organización, en dichas entidades se encuentran hoy mucho más presentes los factores que propiciaron la violencia en las elecciones pasadas, lo cual sirven como vía para que el crimen organizado intervenga y capture no sólo los procesos electorales sino sus resultados y, por tanto, a las y los juzgadores en distintas partes del país.

“Sobre la vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones lo que se evalúa son las capacidades institucionales para investigar y actuar frente al crimen organizado, así entre más bajas capacidades se enfrenta una mayor vulnerabilidad del estado a la intromisión del crimen en las elecciones.

“Y, en cuanto a la alta disponibilidad de opciones de captura, lo que se mide es el porcentaje de cargos que se elegirán en 2025, frente a la totalidad de la judicatura estatal. Entre más cargos se elijan en un estado, más aumenta la posibilidad de cooptación de jueces”, añade el informe del observatorio.

Todo lo anterior, agrega el informe, prende las alarmas cuando se espera que en 2027 se realicen de manera concurrente elecciones judiciales y políticas en todo el país, especialmente en medio del debilitamiento de las autoridades electorales y las autoridades judiciales, y ante la falta de mecanismos de acción previstos para atender estos casos.

“Lo atípico del comportamiento de la violencia electoral puede responder a la incertidumbre, la falta de información que se maneja sobre las candidaturas y el desconocimiento o inexistencia de mecanismos de denuncia ante casos de violencia.

“Las dinámicas de violencia para influir en la definición de candidaturas y en su eventual triunfo actúan al margen de la ley. Debemos analizar más alternativas para identificar estos casos y evitar, en la medida de lo posible, que los intereses políticos, económicos y criminales capturen a personas juzgadoras”, subraya el informe.