Las iniciativas de telecom y competencia violan la Constitución

Muy preocupante, y grave por supuesto, que tanto la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como la iniciativa por la que se reforma la Ley Federal de Competencia Económica, enviadas la semana pasada al Senado de la República por la presidenta Claudia Sheinbaum son violatorias del artículo 28 constitucional que cuya reforma aprobó el Poder Reformador de la Constitución en el contexto de la reforma constitucional por la que el bloque mayoritario de la 4T decidió extinguir el IFT y la Cofece.

La primera parte del párrafo diecisiete de ese artículo 28 dice expresamente: “El Ejecutivo Federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia”.

Alguien mal informó a la presidenta Sheinbaum sobre el espíritu y letra de esa disposición, y la orillaron a enviar al senado dos propuestas legislativas que abiertamente contradicen tal precepto. De manera concreta, ambas establecen que por lo que hace a la regulación de los agentes económicos preponderantes, o sea, cuando controlan más del 50 por ciento del sector del que se trata, tanto en el sector telecomunicaciones como en el sector radiodifusión, a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) que sustituirá la Cofece, le corresponde únicamente determinar cuándo un agente económico puede ser calificado como preponderante, o cuándo deja de serlo.

Una vez que la CNA haya adoptado una determinación sobre la existencia de un Agente Económico Preponderante, la iniciativa de nueva ley de telecomunicaciones prevé que la ATDT impondrá las medidas específicas a dicho agente, es decir, impondrá la regulación asimétrica, en clara violación al texto constitucional citado arriba. En el caso de la iniciativa de reforma a la ley de competencia, tal propuesta es omisa en señalar quién impone la regulación asimétrica, pero es un hecho que no se le otorga como atribución expresa a la CNA.

En la exposición de motivos de la ley en materia de telecomunicaciones, se hace una argumentación curiosa, que hace malabares, para según interpretar lo que el Poder Reformador de la Constitución quiso decir, pero para privar a la CNA de la atribución constitucional expresa de regular de manera asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Para tal fin, utilizan la ley de competencia que se va a reformar, para interpretar una disposición de mayor jerarquía.

En la iniciativa de reforma a la ley de competencia, se olvidaron de razonar en torno a la atribución específica de llevar a cabo la regulación asimétrica citada, como si no existiera en la Carta Magna. Un claro despropósito, desde luego.

Desde mi punto de vista, es evidente que a alguien dentro del gobierno de la presidenta Sheinbaum no le gustó que la Constitución prevea que la regulación asimétrica sea facultad exclusiva de la CNA. Entonces, para evitar instrumentar un nuevo proceso de reforma constitucional, se les hizo fácil engañar a la presidenta y hacerle creer que sus propuestas de legislación pueden ir en contra de la Constitución.

El problema es que, de ser aprobadas ambas iniciativas, tal como fueron enviadas por la presidenta Sheinbaum, se abre una enorme oportunidad para los dos agentes preponderantes que hoy existen en nuestro país para recurrir el decreto por el que eventualmente se expidan ambos marcos legales, y con ello, desmantelar el andamiaje legal que se supone los regularía. Una mala noticia pues para los mercados, y una fuente de incertidumbre para los demás actores en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.

Lo anterior es sólo una muestra de los evidentes errores que deben ser corregidos antes de que ambas propuestas sean sometidas a discusión y votación en el pleno. De no hacerlo, estarán condenando a México a nuevos grandes problemas.

*El autor es economista.