Libertad mermada
Es importante reiterarlo: los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo económico son aquellos en los cuales ha prevalecido la libertad de los individuos, tanto política como económica. Son aquellos en los cuales prevalecen y se respetan las libertades como son las de religión, opinión, expresión y propiedad, mismas que los individuos pueden ejercer sin interferencia de los demás, como señaló Isaiah Berlin en el ensayo “Dos conceptos de libertad”.
La libertad política se basa en un sistema democrático para la elección del titular del Poder Ejecutivo y los miembros del Poder Legislativo, así como una efectiva división de poderes independientes entre sí, particularmente el del Poder Judicial cuyas principales funciones son ser el garante del orden constitucional y la defensa y protección de los individuos frente a actos de terceros, incluidos actos de gobierno, que atenten en contra de los derechos individuales.
La libertad económica parte del derecho de los individuos a la propiedad. Teniendo garantizado y protegido el derecho a la posesión de bienes y recursos, los individuos tienen la libertad para utilizarlos según sus preferencias y fines, respetando los derechos de terceros, así como la libertad para transferir, mediante transacciones voluntarias, los derechos de propiedad, lo que requiere que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un contexto de competencia con igualdad de oportunidades de acceso.
La libertad económica también incluye otros cinco elementos: ausencia de corrupción en el ejercicio de actos de gobierno, estabilidad del nivel general de precios, una carga tributaria máxima que financie las funciones legítimas del gobierno, la ausencia de barreras al comercio y a los movimientos internacionales de capitales, y la garantía judicial del cumplimiento de contratos.
Otra cosa que también es importante reiterar es que no existe el “bien común”; es un concepto utópico que no se puede definir. En consecuencia, cuando el gobernante alude a un supuesto “bien común” para justificar sus decisiones, lo que en realidad hace es imponer sus preferencias y visión de lo que “debería ser” el universo relevante. En esta línea también hay que señalar que no existen el “dictador benevolente” ni el “autócrata ilustrado”.
Sirva lo anterior para señalar que, como resultado de que ni López ni Sheinbaum son liberales, los mexicanos hemos visto mermada nuestra libertad. Tanto en lo político como en lo económico hoy somos menos libres que lo que éramos hace siete años y, peor aún, podemos anticipar que la merma continuará en el futuro cercano.
En lo político, hemos atestiguado la destrucción de la democracia liberal y la construcción de un sistema autoritario con un Poder Ejecutivo con el poder de actuar discrecionalmente en lugar de bajo reglas, sin transparencia ni rendición de cuentas. La captura por parte del gobierno de los órganos electorales, INE y TRIFE, eliminó la garantía de que el árbitro actuará con imparcialidad en futuros comicios.
La libertad política se degrada todavía más con la destrucción del Poder Judicial de la Federación. La elección mediante el voto popular de todos los jueces, magistrados y ministros, además de que no garantiza que se elijan a individuos competentes, el que los candidatos hayan sido “palomeados” por el gobierno y los legisladores de Morena permite prever que el Poder Judicial estará subordinado al Ejecutivo. Lo que esto implica es que los mexicanos ya no tendremos la protección judicial cuando actos arbitrarios de gobierno atenten en contra de nuestras libertades de propiedad, religión, opinión y de expresión (estas dos últimas se vulnerarían en caso de aprobarse la propuesta de la Ley de Telecomunicaciones que le permitiría al gobierno incurrir en actos de censura).
En lo económico los mexicanos también hemos perdido libertad. Primero, el gobierno ha aumentado su participación en la provisión de bienes privados con empresas notoriamente ineficientes que, al asignárseles una “función social” para maximizar el utópico “bien común”, incurren en pérdidas permanentes, son fuente de déficit fiscal y destruyen riqueza nacional. Segundo, la discriminación del sector privado en sectores claves de la economía como son los energéticos. Tercero, un déficit fiscal que absorbe recursos financieros y desplaza a la inversión privada.
Cuarto, la desaparición del IFT y de la Cofece que le permitirá al gobierno, como regulador, otorgar trato privilegiado a determinadas empresas para que obtengan rentas monopólicas a costa del bienestar de los consumidores. Quinto, una mayor corrupción gubernamental, la cual persistirá ahora que, ya sin el INAI, el gobierno se autovigilará. Sexto, se minó la garantía jurídica, lo que aumentó el riesgo de invertir.
Por último, lo que se constituye como la mayor amenaza a la libertad económica es que el gobierno autoritario con la filosofía estatista que tiene la presidente puede, sin oposición y sin defensa judicial posible, modificar la Constitución y decretar la desaparición de la propiedad privada o, sin llegar a ese extremo, condicionarla o sujetarla a determinado uso para tratar de alcanzar el utópico e indefinible “bien común”.
Sin democracia política y sin certeza jurídica sobre la propiedad privada, con la libertad mermada, pensar en que México se desarrollará es una utopía.
