Hacia un gobierno que no estorba: la apuesta por la digitalización

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha dado un paso ambicioso hacia la modernización del aparato estatal con la presentación de su propuesta de Ley Nacional de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, que busca eliminar trámites burocráticos innecesarios, combatir la corrupción y transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas. Esta ley representa uno de los movimientos más decididos en décadas para simplificar la vida de los ciudadanos y de las empresas, con lo que se busca crear mejores condiciones para la vida y la economía en nuestro país.

La propuesta legislativa surge como resultado de la reforma a los artículos 25 y 73 constitucionales, que confieren al Congreso la facultad para legislar en materia de mejora regulatoria y gobierno digital. El diseño de la nueva ley contempla un modelo nacional uniforme, con un catálogo único de trámites aplicable a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El propósito es erradicar la duplicidad de requisitos, los tiempos excesivos y la variabilidad de criterios entre autoridades subnacionales.

Uno de los pilares centrales será la implementación de una plataforma digital centralizada para gestionar todos los procesos administrativos. Esta infraestructura permitirá acceder a servicios públicos desde cualquier punto del país, garantizando un trato homogéneo y eficiente. A esto se suma la creación del mecanismo “Llave MX”, una identidad digital única que facilitará la autenticación de los ciudadanos para realizar trámites en línea, sin necesidad de acudir físicamente a oficinas de gobierno y permitirá que los documentos sean los que viajen entre las distintas instancias responsables de validar y autorizar, en vez de que sean las personas, los gestores y las empresas las que tengan que hacer tales movimientos entre ventanillas y dependencias.

En México, la carga burocrática representa un obstáculo considerable para la operación y el crecimiento de las empresas, especialmente para las micro y pequeñas. De acuerdo con el Índice de Burocracia en América Latina 2023, en México, las empresas pequeñas y medianas dedican en promedio 506 horas al año —equivalente a 21 días laborales— al cumplimiento de trámites y obligaciones regulatorias. De acuerdo con Coparmex, en empresas grandes el impacto también es significativo, pues implica una dedicación promedio de 374 horas anuales, lo que evidencia una ineficiencia transversal en los procesos administrativos a todos los niveles de gobierno.

Según informó el pasado 21 de abril la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el país cuenta actualmente con más de 7,000 trámites en el ámbito público. La meta de esta iniciativa es digitalizar al menos el 80% de los trámites administrativos, lo que provocará un cambio de paradigma que reducirá filas, papeles, tiempos muertos y, sobre todo, oportunidades para la corrupción.

Los principales avances de este nuevo modelo incluyen la llamada “Ventanilla Digital Nacional de Inversiones”, que reducirá el número de trámites para abrir un negocio de 51 a 32 y disminuirá los requisitos en un 50%. Estas medidas buscan no solo simplificar los procesos, sino también enviar una señal muy esperada: México está dispuesto a facilitar la inversión.

Además, la reforma plantea la creación del “Centro Nacional de Tecnología Pública” que tendrá como misión desarrollar soluciones tecnológicas “desde dentro”, utilizando personal del servicio público para evitar la contratación de externos para el mantenimiento y la actualización de los sistemas, lo que permitirá reducir costos y fortalecer las capacidades del Estado para no depender del sector privado. El aprendizaje, dice el gobierno federal, deriva de experiencias pasadas cuando la tercerización de servicios digitales generó dependencia tecnológica, falta de control y costos elevados. Ahora se apuesta por un modelo autosuficiente para el gobierno, basado en una arquitectura tecnológica pública, abierta y transparente para los gobiernos subnacionales, de tal manera que el código generado desde la federación esté disponible para su uso a otras autoridades. A este concepto se le ha denominado “soberanía tecnológica”.

Otro eje clave del nuevo marco jurídico es la agilización de trámites vinculados a la inversión extranjera por parte de la Secretaría de Economía a fin de que los tiempos de resolución para proyectos de inversión pasen de más de 100 días a solo 45 días hábiles. Además, la inscripción al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras será automática y se eliminarán requisitos duplicados.

De funcionar este nuevo modelo de simplificación, México podrá colocarse en una mejor posición en rankings internacionales de competitividad y clima de negocios, especialmente si se logra implementar con éxito el Registro Nacional de Regulaciones, que ordene y clasifique la oferta institucional del gobierno de forma clara y accesible.

Como en todo cambio de paradigma, habrá retos pendientes o pérdidas de oportunidad principalmente en cuanto a estructura funcional, personal capacitado, esquemas claros de gobernanza y, sobre todo, recursos presupuestales. Este tipo de reformas no se sostienen sin una inversión inicial fuerte y sin un seguimiento constante.

En este ámbito también habrá que estar atentos a cuestiones finas en materia de federalismo, pues la homologación de trámites podría infringir facultades de los estados y municipios así como crear confusiones en materia del pacto fiscal en el cobro de impuestos locales. Recordemos que las leyes nacionales establecen normas obligatorias para todos los niveles de gobierno, pero no necesariamente conllevan transferencias presupuestarias específicas. La asignación de recursos a estados y municipios suele requerir convenios de coordinación o reasignación, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y debe estar prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto, la implementación de una ley nacional puede depender de la capacidad financiera y administrativa de las autoridades locales, a menos que se establezcan mecanismos específicos de financiamiento.

Otro aspecto interesante será la convergencia entre la política de telecomunicaciones —también próxima a reformarse mediante una nueva ley de la materia cuya iniciativa fue presentada al Congreso el día de ayer y de la cual comentaremos en un próximo artículo— para ampliar la conectividad del país, no solo de cara a la necesidad de las personas, sino también de las instituciones, pues la falta de acceso a internet en numerosos municipios de México obstaculiza la modernización y eficiencia de los gobiernos locales. Aunque existen esfuerzos para ampliar la conectividad, como la instalación de más de 91,000 sitios de internet gratuito, aún hay más de 6,000 localidades sin cobertura. En el Estado de México, por ejemplo, 123 de 125 municipios enfrentan barreras normativas que dificultan la llegada de proveedores de internet. Esta brecha limita la digitalización de servicios públicos esenciales.

La experiencia internacional ofrece enseñanzas útiles. En Perú y recientemente en El Salvador, se han adoptado leyes de eliminación de barreras burocráticas impulsadas desde las obligaciones del sujeto regulado, sin necesidad de crear burocracia adicional. En cambio, en la Unión Europea, la desregulación trajo consigo una superestructura que terminó generando el efecto inverso: más procesos para desregular. Con este nuevo modelo México podría posicionarse en un punto intermedio, adoptando las mejores prácticas pero sin caer en la trampa de la sobrerregulación para poder desregular. Si se logra ese equilibrio, estaremos ante un parteaguas para el nuevo Estado de Derecho digital, que no solo facilitará el desarrollo de los mercados, sino también el acceso equitativo a derechos y servicios.

La iniciativa de ley representa, sin duda, uno de los proyectos más creativos e integrales del nuevo gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y es la primera vez que se plantea una transformación digital a esta escala, con herramientas propias, metas concretas y una narrativa moderna.

Pero también hay que tener presente que no es la primera vez que se intenta simplificar la administración pública. ¿Funcionará como un reloj suizo como promete ser?

Habrá que esperar unos meses, quizá un año, para medir su impacto real. Por ahora, se trata de una de las iniciativas más prometedoras para facilitar la vida ciudadana, mejorar su relación cotidiana con el gobierno al tiempo que se impulsa una de las debilidades de la competitividad económica más añejas. Acercar al Estado con la sociedad a través de la tecnología es la apuesta, y como país, ante la necesidad urgente de atraer inversión y recuperar la confianza institucional, solo queda celebrar y apoyar este tipo de reformas con ambas manos.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.