Harvard pierde 2,200 mdd tras no ceder a condiciones de Trump

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La Universidad de Harvard se convirtió en el blanco principal de la nueva ofensiva política del presidente Donald Trump contra lo que su administración llama la lucha por la libertad de expresión. La Casa Blanca congeló más de 2,200 millones de dólares en recursos federales destinados a la institución, luego de que esta rechazara firmemente las condiciones impuestas que incluyen la eliminación de programas de diversidad, supervisión ideológica de estudiantes y otras modificaciones de políticas internas de administración académica.

En una carta firmada el 11 de abril dirigida a Alan Carber y Penny Prit —Presidente de la institución y líder de la corporación de Harvard respectivamente—, el gobierno de Trump planteó una serie de demandas que Harvard debía cumplir para acceder a subvenciones y contratos públicos. La administración argumenta que Harvard no combate de forma suficiente el antisemitismo en su campus y, a su juicio, protege posturas ideológicas contrarias a los valores que el Ejecutivo considera fundamentales. “Harvard ha fallado en cumplir las condiciones intelectuales y de derechos civiles que justifican el financiamiento público. La inversión del gobierno en Harvard no es un derecho adquirido”, señala el documento. Estas tensiones aumentaron desde el inicio del conflicto, en el que más de 50,000 palestinos murieron, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. La universidad, sin embargo, respondió de inmediato y con contundencia. En una carta pública , su rector, Alan Garber, afirmó que “estas demandas violan nuestros derechos constitucionales y exceden la autoridad legal del gobierno bajo el Título VI. No buscan una cooperación genuina, sino una regulación directa sobre las condiciones intelectuales de la universidad”. Garber defendió que Harvard “ha tomado medidas concretas contra el antisemitismo”, pero advirtió que no aceptará condiciones que atenten contra la libertad académica.

¿Qué esta pidiendo Trump? Aunque el caso de Harvard es el más reciente, no es el único. En lo que va del año, la administración Trump también congeló unos 400 millones de dólares destinados a la Universidad de Columbia. Ambas instituciones enfrentan ahora procesos legales en los que el gobierno busca obligarlas a aceptar nuevos lineamientos ideológicos y de operación interna. Columbia, por su parte, declaró que aceptará las demandas de la administración para poder compensar la vulnerabilidad económica. El argumento de la Casa Blanca es que las universidades permiten una “cultura del odio contra Israel” en sus campus y que eso constituye discriminación contra estudiantes judíos. Desde la firma de la Orden Ejecutiva 14188, el gobierno ha condicionado la entrega de fondos públicos a la aplicación de medidas “claras, verificables y contundentes” para erradicar expresiones consideradas antisemitas. A nivel migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó procedimientos de deportación contra estudiantes internacionales que participaron en protestas propalestinas. Al mismo tiempo, múltiples visas ya fueron canceladas. La administración argumenta que estas acciones buscan prevenir manifestaciones que inciten al odio, mientras que sectores universitarios las consideran una forma de represión.​

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La postura de Harvard

La orden, emitida en febrero pasado, amplía el alcance del Título VI de la Ley de Derechos Civiles para incluir el antisemitismo como una forma de discriminación por origen étnico. “La política de esta administración es clara: ningún estudiante judío será objeto de acoso o intimidación en instituciones que reciben dinero público”, afirmó el portavoz del Departamento de Educación en una rueda de prensa reciente. Esta exigencia se complementa además con la solicitud que van desde la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) hasta auditorías de “diversidad de puntos de vista” en contratación y admisiones. El tono se intensifica cuando el Ejecutivo advierte incluso sobre la posibilidad de revisar el estatus fiscal de Harvard, cuestionando su condición de entidad sin fines de lucro si persiste en mantener una postura considerada “políticamente radical”. Esta amenaza se plasma en declaraciones del presidente Trump, quien afirmó en redes sociales: “Quizás Harvard deba perder su estatus de exención fiscal y pagar impuestos como una entidad política, si sigue empujando su agenda.” Garber esfatizó que la autonomía académica y la libertad de investigación son pilares innegociables de la institución. En su carta, también se hace eco del historial de asociaciones público-privadas que permitieron avances científicos y médicos significativos; insiste en que recortar estos fondos podría tener consecuencias devastadoras para la innovación, la salud pública y la competitividad económica del país. La respuesta de Harvard fue doble: por un lado, se reafirma los esfuerzos internos para combatir cualquier forma de antisemitismo y se destacan las medidas adoptadas en los últimos 15 meses. Por ejemplo, la universidad implementó nuevas políticas de seguridad, programas de capacitación y medidas disciplinarias que buscan garantizar un ambiente inclusivo. Por otro lado, se rechaza enérgicamente la injerencia gubernamental en lo que la comunidad académica define como “condiciones intelectuales”. En un comunicado, Garber afirma que las demandas no se logran con “imposiciones de poder, desconectadas de la ley”, y no se deben utilizar para controlar la enseñanza y el aprendizaje en la institución Harvard enfatiza que su lema, “Veritas” (verdad), guía su misión de búsqueda del conocimiento y la verdad, y que no comprometerá estos principios fundamentales.​

Consecuencias de la congelación de fondos

La suspensión de más de 2,200 millones de dólares en fondos federales afecta directamente la operación de múltiples centros de investigación, programas científicos y becas en Harvard. Para mitigar el impacto financiero, la universidad ha iniciado gestiones para solicitar un préstamo de 750 millones de dólares en Wall Street. Además, enfrenta una revisión de cerca de 9,000 millones de dólares en contratos y subvenciones federales, proceso que ha sido impugnado en tribunales por un grupo de profesores.​ Aunque Harvard cuenta con un robusto fondo patrimonial —su dotación— que supera los 50,000 millones de dólares, la suspensión de fondos federales no es un golpe menor. En el año fiscal que concluyó en junio de 2024, Harvard distribuyó 2,400 millones de dólares provenientes de esas donaciones, lo que representó cerca del 40% de su ingreso operativo total. No obstante, el financiamiento federal sigue siendo una fuente clave: representa aproximadamente el 11% de los ingresos anuales, según reportó Solcyré Burga en la revista Time, especialmente a través de subvenciones de largo plazo destinadas a investigación médica y científica. Los posibles efectos de la congelación van desde la interrupción de estudios en curso —incluidos proyectos de salud pública, neurociencia o vacunas— hasta un daño profundo a la reputación de la universidad. Algunas escuelas internas de Harvard, como el Radcliffe Institute for Advanced Study, dependen hasta en un 85% de estos fondos para operar, lo que deja a varias áreas académicas vulnerables ante recortes. También está en juego el futuro de miles de estudiantes y académicos. Aunque Harvard obtiene ingresos por colegiaturas (que alcanzaron los 86,926 dólares anuales para estudiantes de licenciatura en 2025-2026), una gran parte de su alumnado accede a becas. De hecho, el 55% de los estudiantes de licenciatura recibe apoyos económicos, y las familias con ingresos menores a 100,000 dólares no están obligadas a pagar colegiatura. Sin los fondos federales, estas políticas de apoyo podrían entrar en tensión. Además, la decisión podría establecer un precedente político peligroso. Según Burga, la Universidad de Pensilvania sufrió la suspensión de 175 millones en fondos de investigación tras el caso de una atleta transgénero en 2022, lo que refleja un patrón en el uso de recursos federales como herramienta de presión política.

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