Muerte de Compranet: mitos y realidades
Compranet, creada en 1996 y relanzada en 2010 como el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, ha sido durante años un símbolo de opacidad y frustración. Su diseño obsoleto, sus constantes fallas técnicas y su navegación laberíntica la convirtieron en una herramienta más simbólica que funcional. Hoy, con la aprobación en la Cámara de Diputados y en trámite en el Senado de la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Compranet desaparecerá para dar paso a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Compranet nació con la promesa de transparentar las contrataciones públicas. El gobierno federal es el principal comprador del país: invierte cerca de 1.5 billones de pesos anuales (aproximadamente 15% del PIB). Sin embargo, su ejecución fue deficiente: sufrió sospechosas caídas del sistema, lentitud en la carga de documentos y una interfaz poco intuitiva. Peor aún, su función se limitaba a publicar información, no a realizar transacciones. Era un escaparate estático, no una herramienta dinámica.
En lugar de facilitar y transparentar un proceso tan vital como las compras públicas, se convirtió en una fuente de suspicacia y obstáculo para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información.
La reforma presentada por la presidenta Sheinbaum implica una reestructuración operativa y una apuesta por la modernización, transparencia y acceso a la información pública en uno de los ámbitos más sensibles de la gestión estatal. La nueva ley plantea la creación de una Plataforma Digital de Contrataciones que, en teoría, supera ampliamente a Compranet.
La nueva plataforma será administrada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Función Pública) de Raquel Buenrostro y no por Hacienda. Según la iniciativa, promete ser transaccional, es decir, permitirá consultar datos y archivos, pero también realizar licitaciones, firmar contratos y emitir facturas electrónicas. Además, integrará módulos para el registro de contratistas, el padrón de testigos sociales y el seguimiento de obras en tiempo real.
El título quinto de la reforma detalla las innovaciones. Todos los procedimientos de contratación (desde la investigación de mercado hasta el fallo) se realizarán en la plataforma. Cualquier persona podrá observar los procesos y su uso será gratuito. Se utilizará la Firma Electrónica Avanzada y se eliminarán las firmas autógrafas. El seguimiento de obras y pagos será público, lo cual permitirá detectar sobreprecios o desvíos.
Esperamos que la nueva plataforma sea intuitiva, minimice las fallas, garantice un acceso continuo y eficiente a la información, sea segura y elimine los errores y caídas que han plagado Compranet.
Con la administración del sistema a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que también asumirá las funciones de transparencia del extinto INAI, la gestión de las contrataciones públicas debe orientarse hacia una mayor transparencia y datos abiertos, para que cada contrato pueda ser objeto de escrutinio ciudadano.
Un artículo transitorio aclara que Compranet no desaparecerá sino que seguirá operando hasta que la nueva plataforma esté lista, en un plazo máximo de 30 meses. Sin embargo, la ley no garantiza que el acervo histórico de contratos se preserve en el nuevo sistema. Esto es grave: borrar esa información equivaldría a eliminar evidencias de corrupción pasada y violaría el derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo sexto constitucional.
Tampoco se especifica cómo se transferirán los datos o si se mantendrán los enlaces electrónicos actuales. Sin una migración ordenada, México perdería una base de datos fundamental para investigar irregularidades.
Otro vacío es la falta de coordinación con la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Antonio Merino. Su reglamento interior le asigna competencias clave para la plataforma que sustituirá Compranet: interoperabilidad de sistemas, gestión de bases de datos y desarrollo de software gubernamental. Ignorar su participación en el diseño de la nueva plataforma es un error. Sin estándares técnicos unificados, se repetirán los problemas de Compranet: sistemas fragmentados y vulnerables.
La tecnología permite que la corrupción deje de ser un problema cultural y se convierta en un problema técnico de fácil solución con genuina voluntad política. Existen plataformas como la de Corea del Sur (KONEPS) o Brasil (ComprasNet), modelos de sistemas robustos que ayudan a reducir la discrecionalidad.
La nueva plataforma debe ser open source para auditorías externas, integrar Inteligencia Artificial para detectar patrones sospechosos y generar análisis predictivos, además de contemplar un almacenamiento robusto y local en México (bajo el principio de soberanía de datos) para preservar las bases de datos y los archivos.
La modernización tecnológica, pero sobre todo de principios de Compranet es necesaria. El plazo de 30 meses para implementarla parece prolongado pero es razonable, siempre que se prioricen la transparencia y las mejores prácticas. El gobierno debe comprometerse a preservar y migrar todos los datos históricos, involucrar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en el diseño técnico, informar y capacitar a servidores públicos y ciudadanos en el uso de la plataforma.
La tecnología por sí sola no es garantía de buen gobierno ni de eliminación total de la corrupción. Es necesario un compromiso institucional por la transparencia. El riesgo de perder información histórica de Compranet es el mayor talón de Aquiles de la propuesta. La conservación de los registros es fundamental para que el Estado rinda cuentas de sus acciones.
La tecnología no es neutral: puede ser cómplice de la opacidad o aliada del derecho a la información. La verdadera transformación digital no radica en la adopción de tecnologías y una nueva plataforma. El desafío es consolidar una cultura de integridad pública y rendición de cuentas que trascienda las infinitas posibilidades de cualquier sistema informático.
